Diario del Cesar
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Más de $7.6 billones en daños  por anomalíasen la Ruta del Sol II

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Ruta Del Sol II involucra la vía Puerto Salgar Araújo-La Lizama-San Alberto-San Roque en la Troncal del Magdalena y del tramo Ocaña-AguaclarasGamarra.

Por cuenta de los sobornos a Odebrecht, contratos fallidos, impactos morales a los funcionarios y gastos afines a encontrar las firmas que terminen la obra Ruta del Sol II, la Procuraduría General de la Nación  calcula los daños en 7.6 billones de pesos.

Se trata de la vía Puerto Salgar Araujo-La Lizama-San Alberto-San Roque (Cesar), de la Troncal del Magdalena y del tramo Ocaña-Aguaclara-Gamarra, obras que tienen un valor estimado de más de 381.000 millones de pesos.

Un reciente informe del organismo de control aseguró que es un daño causado al corazón financiero del Estado, por las irregularidades encontradas en el contrato suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el consorcio conformado por Odebrecht y Episol.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nacional, estimó que las eventuales demandas interpuestas en contra del Estado por proponentes que no salieron favorecidos en la licitación ascienden a una cifra que asciende a los 95.000 millones de pesos.

A través de la conformación de Veedurías Ciudadanas y Técnicas, la Contraloría de la Nación había  emprendido un ejercicio de control fiscal que permite la vigilancia de los recursos invertidos en el proyecto que compromete además a los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar.

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría General  de la República, Luis Carlos Pineda Tellez, dijo en su visita a Valledupar que “en este proyecto se han invertido más de 311.000 millones de pesos de los tres billones destinados para el mismo, el cual terminará dentro de algunos años. La idea es tener los ojos puestos sobre esta obra, que haya una veeduría social pero también un control fiscal”.

El representante del órgano de control especificó que “lo que queremos es que sean unas veedurías que tengan conocimiento del proyecto con el propósito de tener unos compromisos claves para ejercer la labor de vigilancia y control. Todos los proyectos de infraestructura implican unos riesgos y en esta oportunidad lo que se quiere es aminorar riesgos”.