La propuesta de reforma carcelaria
Con la intención de “humanizar la política criminal y penitenciaria”, el Gobierno Nacional prepara un nuevo proyecto de reforma penal y carcelaria. Varias de las propuestas contenidas en el borrador que dio a conocer el Ministerio de Justicia ya generan controversia y ponen en duda su efectividad en un sistema caótico como el colombiano.
El documento que se presentó para “socialización y retroalimentación”, contempla 87 artículos que en su mayoría cambian las normas actuales sobre los tiempos máximos de las penas privativas de la libertad en el país, los requisitos para acceder a prisión domiciliaria y para la suspensión de la ejecución de la pena o las condiciones que rigen para las madres gestantes detenidas, entre otras. Pero hay una que en particular suscita un debate que sin duda es necesario para darle claridad a la manera como se pretende realizar.
El proyecto de ley, aún en borrador, plantea la modificación de los artículos 148 y 149 del Código Penitencial y Carcelario para que se les permita a quienes cumplan con la mitad o más de su condena, siempre y cuando los delitos que cometieron no estén relacionados con el abuso sexual, salir a realizar labor comunitaria, trabajar o estudiar y regresar en las noches a los sitios de reclusión. La propuesta no es novedosa si se tiene en cuenta que en otros países existen figuras similares, como es el caso del Tercer Grado en España, o el de los Estados Unidos donde esa libertad limitada se concede en ciertos casos cuando faltan seis meses para concluir la pena.
‘Libertad preparatoria’ se le llama en el proyecto de reforma que se pretende llevar a debate y que se complementa con la ‘Franquicia preparatoria’. Las dos se justifican en la necesidad de que el recluso se vaya reincorporando a la sociedad, en el primer caso con salidas diarias o durante los fines de semana y en el segundo por periodos de tiempo más largos -semanas o meses- y solo con la condición de presentarse ante las autoridades cada cierto tiempo.
La resocialización no es la única razón para los cambios que se proponen en el borrador de la reforma. La otra es el afán de encontrar soluciones para la congestión y el hacinamiento en las cárceles. La cuestión es si el sistema está preparado para la logística que implica vigilar y proteger a quienes salgan de prisión a trabajar o a estudiar, si la corrupción no será la que decida quiénes tienen derecho a hacerlo y cómo se garantizará que los beneficiarios no terminen delinquiendo en ese tiempo por fuera de los reclusorios.
La experiencia con la casa por cárcel otorgada a quienes cometen delitos considerados como menores, demuestra que los niveles de reincidencia en Colombia son escandalosos, mientras es un fiasco el uso de dispositivos de control y seguimiento, como los brazaletes electrónicos, porque no funcionan o porque las licitaciones para su adquisición y mantenimiento terminan manejadas por la corrupción y la politiquería. A ello se suman los escándalos del Inpec y de los guardias que custodian las cárceles y a los reclusos.
La propuesta de reforma penitenciaria puede tener la mejor intención en su propósito de descongestionar las cárceles y “humanizar” las condiciones de los condenados. Lo que no quiere decir que, tal como está planteada, sea realista, se acerque a los objetivos que pretende cumplir, y sea la que se necesita para salir de la crisis que vive el sistema de reclusión colombiano.