Debido a que un ciudadano fue suplantado y mediante engaños fueron adquiridos tres productos financieros a su nombre, la Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia Financiera que investigue al Banco Davivienda por su presunta irresponsabilidad administrativa por no notificar el caso a las centrales de riesgo.
La Corte ordenó al Banco que en un plazo de 48 horas proceda a reportar a las centrales de riesgo la eliminación de estos tres productos y cualquier información relacionada. Igualmente, el fallo otorgó 48 horas a las centrales de riesgo Experian Colombia S.A – Datacrédito, para que retire cualquier reporte positivo o negativo de los productos adquiridos fraudulentamente y recalcule el puntaje de riesgo del ciudadano.
Esta decisión se dio tras la denuncia presentada por un ciudadano, que estaba reportado en las centrales de riesgo de Datacrédito, al ser el titular de un crédito adquirido por 20 millones de pesos, una tarjeta de crédito con cupo disponible de un millón y medio de pesos y una cuenta de ahorros.
Por esto, la víctima índica que la información reportada es errónea, denunciando ante la Fiscalía y alertando a la Superintendencia por la indebida utilización de sus huellas digitales y su cédula de ciudadanía.
Durante la tutela instaurada, el Banco Davivienda se escudó con la excusa que los productos financieros fueron obtenidos por terceros, luego de engañar al ciudadano para obtener sus datos personales.
Con ponencia del magistrado en encargo, Hernán Correa Cardozo, la sala de la Corte determinó que el Banco vulneró el buen nombre y los derechos de Habeas Data, desde el momento que conoció que los créditos no fueron solicitados por él.
“Se desconocen los principios de veracidad, integridad, incorporación y finalidad del derecho fundamental al habeas data, cuando la fuente conoce que el titular del dato no adquirió las obligaciones crediticias y pese a ello realiza un reporte negativo al operador de la información”, indicó la sentencia.
El alto tribunal también determinó que hay una vulneración de derechos fundamentales cuando, al llevar a cabo una investigación interna, se da cuenta de que los datos de un titular han sido suplantados y omite no notificar al titular y tampoco elimina los productos adquiridos irregularmente.
Por ello, se ordenó a Davivienda para que en un plazo de dos meses adopte medidas y políticas internas para notificar a tiempo a las personas víctimas de suplantación y efectuar el reporte a las centrales de riesgo. Así mismo, compulso copias a la Fiscalía si decide continuar con la denuncia instaurada por el ciudadano sobre los resultados de la investigación interna del Banco.
Finalmente, la Sala consideró necesario advertir a los ciudadanos que deben ser especialmente cuidadosos y precavidos cuando decidan entregar sus datos personales a terceros para evitar fraudes y casos de suplantación como los que ocurrieron en el presente proceso.
/Colprensa