El país está indignado por libertad de condenados por corrupción

La libertad condicional del contratista Guido Nule Marino, condenado a 21 años de prisión por el denominado ‘Carrusel de la contratación’, y Emilio Tapia, también vinculado en el mismo proceso, ha generado polémica en varios sectores del país, incluso en los entes de control, aún sabiendo que la acción se registró de manera legal y constitucional.

Para el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, es evidente que la actuación elevada por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Barranquilla, que le otorgó la libertad al contratista, tuvo irregularidades, pues no dejó en evidencia que Nule Marino no cumplió con la exigencia económica que debía pagar una vez fue condenado.

“No podemos seguir aceptando que la navidad de las excarcelaciones se convierta en una situación normal y que los beneficios a los corruptos se conviertan en una regla”, consideró Carrillo Flórez.

El jefe del Ministerio Público celebró que en este momento hay dos proyectos de ley en curso que incorporó la imposibilidad de sustituir la detención preventiva por una detención domiciliaria.

“Esos privilegios no caben para los corruptos y no caben, además, porque para eso están las convenciones internacionales de corrupción, si es el caso vamos a valorar cada uno que se ha registrado en lo corrido del año”, dijo Carrillo.

Si bien el procurador hizo énfasis en que Colombia tiene una serie de compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción, aseguró que es necesario replantear la política legislativa y “habrá que hacer más severas las penas en materia de decretos de corrupción, que es el problema más grande que tiene el país”.

Contrario a lo que opina Carrillo Flórez, el penalista y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Bernate, consideró que la solución no está en el aumento de penas.

“Resulta increíble que ante personas que si bien es cierto cometieron delitos muy graves, pero que ya pagaron su deuda con la sociedad, se genere una reacción en la que se pretenda aumentar las penas sin saberse a qué topes”, dijo Bernate.

Consideró que esto no tiene asidero, dado que hoy en día Colombia tiene las penas más altas del continente. En ese sentido, dijo que la justicia colombiana tiene que reconocer que las penas tienen un límite y que cumplen una función resocializadora.

“Todas las personas tienen derecho a una oportunidad. No es claro que todo conduzca a nada malo ni nada bueno, ni tampoco a aumentar las penas, ni mucho menos a restringir beneficios, por el contrario hay que buscar verdaderas alternativas que ataquen la razón por la que se delinque y no pensar que la razón a todo es subir las penas y quitar los beneficios”, aseguró Bernate.

Por otro lado, desde un sector independiente, Hernando Herrera Mercado, en cabeza de la Corporación Excelencia a la Justicia, expresó que es necesario que “existan sistemas de redención de penas para los delitos, porque eso está aliado a la rehabilitación de cualquier confeso condenado, pero en el caso de los condenados por delitos que tiene que ver con la desviación de recursos consideramos que no se deben tener esos beneficios”.

Para Herrera Mercado, el caso de la redención de delitos por penas deben ser mucho más estrictos y en el caso de la casa por cárcel deberían prohibirse tajantemente.

El presidente de la corporación consideró que es necesario valorar cada acción que tiene el condenado, si bien obtuvo el tiempo cumplido de la pena para adquirir el beneficio de casa por cárcel e incluso la libertad, se deben considerar los lineamientos que se dictó una vez fue leída su sentencia, que en ese caso resulta importante realizar los pagos al Estado y a las víctimas que dejó la comisión de delitos.

Así las cosas, lo que ahora se espera es que en el Congreso de la República se surtan las diligencias debidas para considerar si se aplican penas más severas o si por el contrario lo que se debe aplicar es un reajuste en la política legislativa y judicial.

“Es totalmente inaceptable porque no podemos seguir asistiendo a este espectáculo en el que los corruptos están viviendo como reyes en las cárceles, y después salen de las cárceles cuando no le han restituido a la Nación los recursos que se han robado”, recalcó la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez.

Vicepresidenta rechaza beneficios a miembros del  ‘carrusel de la contratación’

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, calificó como una burla a la justicia y al país la excarcelación y los beneficios judiciales que recibieron Mauricio Galofre, Emilio Tapia y Guido Nule, vinculados al llamado ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá.

“Es totalmente inaceptable porque no podemos seguir asistiendo a este espectáculo en el que los corruptos están viviendo como reyes en las cárceles, y después salen de las cárceles cuando no le han restituido a la Nación los recursos que se han robado”, recalcó la funcionaria.

Ramírez señaló que estos hechos muestran que hubo muchas fallas en los procesos. “Hay que preguntarle a los funcionarios por qué no hicieron algunas medidas precautelativas sobre los bienes de ellos, por qué no hicieron procesos de extinción de dominio desde el momento mismo en que se empezó el proceso, es que siete años después, es gente que ya se declara insolvente”, añadió.

La vicepresidente enfatizó en que se tiene que investigar cuáles han sido los protocolos que se han utilizado en las instituciones y en las investigaciones, “porque no se pueden seguir burlando del país”.

Hace pocas horas, el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, calificó la libertad del contratista Guido Nule Marino, como un “gol olímpico” y presentó un recurso de apelación de la decisión.

“Lamentablemente a finales del año ocurren goles en materia judicial y este fue un gol olímpico (…) en este caso no hubo sustento jurídico para esa decisión. Entre más grave sea el delito, más exigente y riguroso debe ser la decisión del juez y acá no fue así”, dijo Carrillo.

De acuerdo con Carrillo, más allá de la decisión judicial que se impartió a favor de Nule Marino, lo que debía revisar el juez es si había reparado a las víctimas, que en este caso no fue así.