Una nueva condena recibió el Estado por la muerte, en un hecho calificado como ejecución extrajudicial o falso positivo, de una menor de 13 años a manos del Ejércitoen el departamento de Antioquia.
Los hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2002, en la vía que comunica a los municipios de San Carlos y San Rafael en el Oriente antioqueño, donde tropas adscritas al Batallón de Artillería No. 4 atacaron a los ocupantes de un vehículo que se movilizaban a la altura del puente Los Balsos.
En ese hecho murieron cinco de las siete personas que estaban en la camioneta. Entre las víctimas se encontraba una menor de 13 años identificada como Érika Viviana Castañeda López.
Aunque lo ocurrido fue reportado como un resultado contra la guerrilla de las Farc, la justicia comprobó que en el vehículo atacado no se encontraba ningún integrante de ese grupo guerrillero y al contrario solo una de las personas (el conductor) era un miembro de las Autodefensas quien para ese entonces no había sido identificado por las autoridades.
“La Sala considera que en este asunto se probó la falla del servicio en la que incurrió la entidad demandada, ya que las pruebas recopiladas evidenciaron que la muerte de Érika Viviana Castañeda López ocurrió como consecuencia de una ejecución extrajudicial (…) en vez de probarse la existencia de un enfrentamiento armado, lo que se demostró fue el afán de los militares para justificar la producción del daño”, argumentó el Consejo de Estado en el texto de la condena.
Para esa época se conoció que la menor se había montado en la camioneta con otra amiga para asistir a una fiesta en el municipio, que para ese entonces se preparaba para unas elecciones locales atípicas.
Por lo ocurrido, el Consejo de Estado decidió condenar a la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército, a pagar a los demandantes (los padres de la menor) por concepto de perjuicios morales un monto equivalente a los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir poco más de 165 millones de pesos.