¿Por qué los Maestros están inconformes con el Plan Nacional de Desarrollo?
El presidente del Sindicato de Maestros del Tolima dice que el proyecto del Gobierno nacional tiene una intención privatizadora, no garantiza la ampliación de la cobertura del preescolar de tres grados y no contempla una reforma al Sistema General de Participaciones.
A las dificultades que ha tenido el trámite del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, se suma el creciente rechazo de sectores sociales o sindicales, como los trabajadores de la educación, que advierten la inclusión de varios puntos que resultan lesivos para el sistema.
De acuerdo con William Polo, presidente de Sindicato de Maestros del Tolima (Sutet Simatol), el proyecto busca redireccionar las responsabilidades del Estado a los operadores privados, la familia y las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones).
En primer lugar, frente a las necesidades de infraestructura educativa, Polo dijo que el Gobierno busca establecer alianzas público privadas como principal mecanismo de financiamiento para la construcción de las instituciones a cambio de administrar el servicio educativo, esto bajo una figura semejante a la concesión, en la que un privado invierte en el desarrollo de la infraestructura vial, obteniendo utilidades en su futura administración.
“Esto no es más que la privatización de la educación, porque el Gobierno se despoja de su obligación entregándosela a un privado. En Ibagué, por ejemplo, tenemos dos megacolegios, uno en El Salado y el otro en Ambalá, con aproximadamente 3.500 estudiantes cuya matrícula pasará al sector privado. Aquí también se deteriora la calidad del empleo de los maestros”, comentó Polo.
En segundo término, según explicó el líder sindical, de manera similar el Gobierno busca zafarse de la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Explicó que aunque en un principio se habló de una destinación de 4.5 billones de pesos anuales para una cobertura del 30 por ciento de las instituciones, en la actualidad la cifra apenas llega al 10 por ciento. Y en lo que es interpretado como un reconocimiento de esa desfinanciación, el Gobierno solo plantea en el proyecto un aumento del 24 por ciento en este cuatrienio.
Como consecuencia, “el Estado se despoja de la responsabilidad y se la pasa a la familia. Como no hay recursos, el padre de familia asumiría el almuerzo en el sentido de que el niño está en la primera parte de la jornada, almuerza y luego regresa a la institución a cumplir la hora adicional de jornada ordinaria”. Agregó que así mismo aplica para el transporte escolar, que deber ser garantizado, pero apenas se garantiza un porcentajes a través de subsidios.
Y en este mismo sentido, Polo afirmó que existe un impacto negativo a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) cuando las entidades territoriales deben redireccionar los dineros contemplados para otras necesidades, en el pago de la planta docente ante el incumplimiento del Gobierno nacional.
“El Gobierno intenta trasladar a las alcaldías y las gobernaciones obligaciones como el transporte y la alimentación escolar, la misma infraestructura o el pago de la planta docente. En esta medida obligan a las entidades territoriales a que con sus recursos solucionen los problemas del orden nacional. O sea, les envían las responsabilidad administrativas, pero no recursos”, agregó.
Pero hay más. Según explicó Polo, en contravía a lo acordado con el Gobierno en 2017, el proyecto del PND no garantiza la ampliación de la cobertura del preescolar de tres grados: jardín, prejardín y transición. En concreto, como está planteado hoy el proyecto, los dos primeros niveles pasarían a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a través del programa de Cero a siempre, y solo a partir de transición los niños se incorporarían al sistema.
“Para nosotros esto es lesivo porque en 2017 acordamos que se iba a implementar gradualmente los tres grados del preescolar. De lo contrario, se elimina la continuidad en el proceso de formación de los niños, pues este periodo supone la base que determinará la calidad de todo el proceso educativo que se desarrolle con ellos”, apuntó el dirigente.
En general, mencionó que el proyecto no contempla las propuestas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) de tramitar una reforma al Sistema General de Participaciones que subsane el déficit de la educación, calculado en aproximadamente 30 billones de pesos que han dejado de ser invertidos en los últimos 15 años.
“Por eso es que las escuelas están que se caen, no hay suficientes profesores para atender a los niños, hoy vemos que en el Tolima el transporte y la alimentación solo se provee a un porcentaje de los 150 mil niños de los 46 municipios. Ese tema de la desfinanciación no está superado y por eso creemos que se castiga la educación en la medida que no hay recursos nuevos”, aseveró.
Finalmente, dijo que no hay garantías al derecho al ascenso y la reubicación de los docentes, pues los concursos son cada vez más distantes, negando la posibilidad de que los maestros en provisionalidad asciendan.
“Por ejemplo, el último proceso lleva casi tres años y otro casi cinco, porque el Gobierno quiere dejar la planta en provisionalidad para abaratar los costos de la misma planta docente y, así mismo, intentan reemplazar los que están en las categorías altas con los que están en las más bajas”, expresó.
Y debido a que no hay garantías para el pago de los salarios, el Gobierno ha debido redireccionar recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), para cubrir esta obligación. “Es decir, se gasta lo que debe usar en un futuro para el pago de pensiones en pagar salarios. Esto implica una desfinanciación del Fondo a mediano plazo”, acotó.
IBAGUÉ (EL NUEVO DÍA).