Urbanización formal en el pnd
Con un diagnóstico que describe el estancamiento de la productividad, la baja diversificación de la economía, la necesidad de hacer frente al cambio climático, el continuo proceso de urbanización y un entorno de informalidad y altos costos regulatorios, entre otros, la respuesta del ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ a lo que necesita el país para los próximos cuatro años es integralmente meritoria.
La búsqueda de una política social moderna, la formalización, la mejora regulatoria, la conexión de territorios, gobiernos y poblaciones, y las acciones por incentivar la transformación digital y el impulso de una gestión pública efectiva sientan bases sólidas sobre las cuales debemos pensar el entorno social y el avance económico y productivo de Colombia a futuro.
En este esfuerzo, las ciudades, su planificación y su desarrollo formal son fundamentales. Vale la pena insistir en ese último aspecto acerca de la informalidad urbana, tarea que nos sigue pasando una onerosa cuenta de cobro en materia fiscal, social, económica y ambiental. Las magnitudes no son menores. El Ministerio de Vivienda (con datos del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial y de la Encuesta de Calidad de Vida) evidenció que una de cada cuatro personas en las ciudades colombianas habita en barrios de origen informal, con casos como Bogotá con un 20 por ciento, o 30 por ciento en Barranquilla e increíbles niveles de 69 por ciento para Cartagena.
Los efectos nocivos son enormes. En materia fiscal tiene doble impacto, además de que son fracciones del territorio que no aportan espacio público, áreas verdes, ni infraestructura social ni de movilidad, generan una enorme presión fiscal a la hora de tener que llevar los servicios básicos y la oferta social del Estado. Socialmente, los barrios informales son la fuente de la exclusión y de debilidad comunitaria, además de ser tierra fértil para la inseguridad y la delincuencia. En el frente económico, se ha demostrado que la informalidad urbana es causa y a la vez un efecto de la informalidad económica (Bonet y Pérez, 2016), y que los círculos de pobreza se reproducen con mayor incidencia en estas zonas de la ciudad. Y respecto a su impacto ambiental, nada más nocivo que los asentamientos en zonas de alto riesgo o zonas ambientalmente protegidas, o los barrios subnormales en los márgenes de los ríos.
Entonces, la informalidad urbana genera problemas que luego, con todo el buen propósito, debemos entrar a remediar, pero que mucho serviría enfrentar de manera preventiva desde la política pública. En eso vale la pena destacar, entre otros, tres elementos fundamentales que el Gobierno Nacional ha fijado como metas del Plan Nacional de Desarrollo, actualmente en discusión. La primera, es avanzar en la gestión de la información catastral, con metas al 2022 de tener un 60% del área geográfica con catastro actualizado, hoy en 6%, y un 60% del área geográfica con cartografía en la escala y temporalidad adecuadas.
El segundo, el acompañamiento técnico de 150 Planes de Ordenamiento Territorial con estudios técnicos y asistencia desde su formulación, y que priorizados pueden cubrir gran parte del tejido urbano del país. El tercero, la apuesta por pensar en el mediano plazo y el desarrollo urbano formal con la habilitación de 16.000 hectáreas de suelo urbanizable para renovación y áreas de crecimiento de las ciudades.
Estas son acciones que el país no puede seguir aplazando, y que lo mejor será que los candidatos a las alcaldías los adopten, se empoderen de estas metas y contribuyan desde su ámbito con la promoción del desarrollo formal y la urbanización de calidad que requiere y merece el país.
*Presidenta ejecutiva de Camacol.