Diario del Cesar
Defiende la región

Para enfrentar la corrupción en la contratación

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Casi que desapercibido para la opinión pública pasó la firma por parte del Presidente de la República del decreto 342 de 2019 que crea los contratos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte. La dinámica de un país donde en cuestión de minutos una noticia sepulta a la otra, le ocurrió a tan trascendental decisión para combatir la corrupción: En términos sencillos, la nueva norma pretende acabar con la costumbre de hacer contratos específicos, llenos de requisitos y características que en casi todos los casos estaban dirigidos a beneficiar algún contratista. Con ellos, y a punta de inventar condiciones y requisitos, se dirige la contratación en todos los niveles de la administración pública, con lo cual se pierde la transparencia en función del favorecimiento o el pago de respaldos de los contratistas a las campañas electorales.

Ahora, el propósito es eliminar el casuismo que permite elaborar licitaciones a la medida, o ‘contratos sastre’, una de las claves de la corrupción que, según se estimó por un excontralor de la Nación, se queda con cincuenta billones de pesos de municipios, departamentos, gobierno central y entidades descentralizadas. Con ello se excluyen la competencia y la igualdad de condiciones que deberían primar en las relaciones del Estado con las empresas y profesionales que adelantan las obras públicas.

Para dar ese paso, reclamado durante muchos años por gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura, bastó la decisión del Gobierno Nacional. No tuvo que sufrir el calvario que han padecido las iniciativas anticorrupción ni estuvo expuesta a la presión de quienes manejan los hilos del clientelismo y saben manipularlos para convertir la política en un negocio que cambia contratos por dinero para comprar conciencias o financiar campañas.

El decreto 342 fija las condiciones para ser contratista a todo nivel en materia de infraestructura, y la forma de establecer los factores técnicos y económicos en los cuales debe basarse la escogencia de quien resulta favorecido. Y aunque por ahora se empezará a aplicar a partir de abril próximo y su campo de acción se limita a una parte de toda la contratación pública, puede ser un avance enorme para acabar con el llamado partido de los contratistas y la corrupción que lo hace posible.

Ahora sigue la obligación de aplicar la nueva norma, la tarea de hacerla conocer entre los funcionarios municipales, departamentales y nacionales, y el deber de los organismos de vigilancia de hacerla cumplir, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que sean del caso. Es la revolución de las cosas pequeñas que producen grandes resultados en beneficio de los ciudadanos y de la golpeada credibilidad de las instituciones en Colombia.

 Y es un buen ejemplo sobre la manera en que se puede combatir la corrupción y mejorar servicios públicos vitales como la Administración de Justicia. Para ello no se necesita nada distinto a la voluntad de poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Nada más.