Dice un refrán popular que la ´mona aun cuando de seda se vista, mona se queda´. Por mucho esfuerzo linguístico que los simpatizantes de la desinstitucionalización del país hagan para adobar la llamada protesta social, los bloqueos que se hacen en desarrollo de las mismas es terrorismo. Así invoquen a la mamá de Tarzán en materia de derechos, pero una cosa es con violín y otra con guitarra. No dejar pasar a una ambulancia con un niño enfermo y el paciente se muere, eso es un crimen. Un asesinato. Poner a pasar hambre a millones de personas porque a una región no llegan los alimentos por el desabastecimiento que hay al no permitirle a los vehículos el transporte de alimentos; es un crimen. Eso no es protesta. Y lo que viene ocurriendo con los bloqueos es una conducta que está tipificada en el código penal y lo sanciona el ordenamiento jurídico del Estado Social de Derecho que nos rige. Entonces lo único que debe hacer el Gobierno, es aplicar el imperio de la ley. Sin salirse un milímetro de la Constitución. Y para ello, el Estado tiene su fuerza pública sobre la cual recae la responsabilidad de imponer el orden y la seguridad. Por otro la lado, la Fiscalía sabe, conoce los nombres de quienes promueven el paro, los bloqueos y apadrinan el terrorismo. ¿Que espera el señor Fiscal para actuar bajo el imperio de la Ley?
Los bloqueos están sitiando a las ciudades por alimentos, medicinas, oxígeno y combustibles. Los que los están instigando quieren sacar provecho económico de esa situación y están tomando de rehenes a los habitantes de pueblos y ciudades. Las más afectadas han sido Cali, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga y Bogotá. Las consecuencias de los bloqueos sobre la economía son muy complicados y dañinos. No están llegando insumos para la producción y algunas empresas, como Alpina, han tenido que suspender su actividad productiva agobiadas por la situación. El riesgo y la violencia están afectando los sistemas de transporte, y para los trabajadores es una proeza llegar a los lugares de trabajo.
De otra parte, los precios de los alimentos están empezando a subir por la escasez, como lo han reportado las centrales de abastos. Se conforma lo que se conoce como un choque de oferta, con reducción de la oferta de alimentos e inflación. Con millonarias pérdidas para los productores agrícolas y para aquellos transportadores que no se sumaron al paro y quieren movilizar los productos.
También se está poniendo en peligro la reactivación de la economía por la incertidumbre que se está provocando en medio del caos y la parálisis. La actividad productiva está a media marcha desde que comenzó el paro y se ha ido ralentizando aún más con el paso del tiempo, a medida que persisten los bloqueos. Sin olvidar los efectos sobre el empleo y el bienestar de los hogares que se harán sentir en el mediano plazo. Como decía un camionero, con franqueza y sin censura, entrevistado por un noticiero de televisión, la idea es afectar la economía. A fe que lo están logrando y el costo que vamos a tener que pagar todos por ese segundo aire del paro va a ser muy alto.
A los señores magistrados de la Corte Constitucional no se les puede olvidar que el bloqueo de vías está prohibido por la ley. Y cuando un Estado negocia la ley, transa con quienes violan la ley, se somete a quienes violentan el ordenamiento jurídico, termina siendo un país inviable. Ese es el camino que quieren los que promueven el caos para allanar el camino de ascender al poder. ¿Se dejará Colombia?