Colombia: otro desafío económico
Dentro de las propuestas para enfrentar las dificultades que ha producido la pandemia del Covid-19 se destaca la reforma tributaria que anuncia el Gobierno para tratar de evitar lo que puede ser una crisis fiscal. Sin conocerse aún su contenido, es necesario aclarar hacia dónde está dirigida y qué beneficios o dificultades puede traer para todos los colombianos.
Es indiscutible ya que el Estado debió hacer uso de recursos excepcionales para enfrentar una emergencia que generó una caída del 6,8 % en el Producto interno Bruto y del 5,8% en el consumo de los hogares, así como un desempleo del 15,9% que sigue creciendo este año. Gracias a las medidas que se tomaron como el aumento del gasto público y del endeudamiento para financiar los auxilios para las familias y las empresas, se evitó que esas cifras pudieran ser peores.
También es claro que la actividad privada, formal e informal, recibió un impacto de dimensiones que aún no se conocen, que aún no termina. Y que se destaparon de nuevo las falencias de nuestra economía, donde la falta de decisiones en asuntos como la reforma pensional o la reforma estructural a los ingresos, gastos, subsidios, excepciones y estímulos a la iniciativa privada, gravitan de manera constante en la posibilidad de lograr un desarrollo más equilibrado y dinámico.
Las consecuencias en esas demoras en tomar decisiones se han hecho más evidentes con la emergencia que atravesamos y de la cual no se conoce final próximo. Sin embargo, la realidad del momento indica que las finanzas públicas demandan actuaciones urgentes para evitar lo que puede ser una crisis fiscal que tendrá graves repercusiones para todos los sectores tanto públicos como privados si el Estado no interviene con oportunidad para conjurarla.
Por ello hay que reconocer que llegó el momento de actuar, pensando en lo urgente antes que en lo importante que representan esas reformas estructurales. Es decir, de realizar una reforma tributaria para enfrentar lo que puede convertirse en la gran amenaza de la estabilidad y la confianza en Colombia.
La gran pregunta es si esa reforma estará dirigida sólo a conseguir más recursos para tapar el hueco que deja la emergencia fiscal y el aumento obligado en el endeudamiento público. Y de ser así, cuál será la cuota que aportará el Estado en la reducción de sus gastos para evitar que la reforma se convierta en un esfuerzo que le corresponde sólo al bolsillo de los colombianos que pagan impuestos, o que sea un nuevo incentivo para la evasión.
Esas respuestas son las que irán apareciendo en los próximos días, cuando el proyecto sea presentado por el Gobierno al Congreso. Allí se podrá conocer si se producirán incentivos reales para la reactivación de la economía, o si la línea de acción será el aumento de tributos como el IVA, el gravamen a las pensiones o la ampliación de la base gravable incluyendo a quienes reciban ingresos menores a tres millones en la obligación de declarar renta.
Entonces se sabrá qué tan fiscalista resultará la reforma urgente, y cuáles serán el mensaje y los efectos que tendrá en la confianza sobre nuestro país y en la reactivación efectiva de nuestra economía.