Hablaron los ´sabios´
Tras un diagnóstico a fondo de la estructura tributaria en Colombia, señalando sus puntos fuertes y débiles, la Comisión de Expertos confeccionada el año pasado para tal fin, le presentó ayer al Gobierno su informe, planteando las bases de una reingeniería a todo el sistema impositivo, empezando por depurar exenciones y exclusiones, así como aumentar la base de pagadores de tributos en el país.
Todas estas conclusiones serán insumo clave para la reforma “fiscal y social” que presentará el Gobierno al país y el Congreso en los próximos días.
Lo primero que coinciden es que la próxima reforma impositiva deberá hacerse en un tiempo justo. Es decir, no muy lento, para así mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados; y no muy rápido, para tener una propuesta bien pensada y que no afecte la recuperación económica en la pospandemia.
La Comisión encontró que Colombia se enfrenta al reto de cambiar un sistema que genera un costo fiscal, en exenciones, de $69,1 billones, que representa el 6,5 % del PIB. Aquí es clave que la Comisión hizo una corrección de los costos tributarios de las exenciones y exclusiones en 2019, que pasaron de ser $92 billones a $69,1 billones por un cambio en la metodología
Los expertos también analizaron el comportamiento de la evasión en IVA, que es de un orden de $20,7 billones, mientras que la evasión en renta es de $21,6 billones.
Otro cambio que ve como urgente la Comisión tiene que ver con el hecho de que en el país no se distribuyen dividendos debido a los impuestos de recaptación.
De otro lado, advirtió la Comisión que el impuesto a la renta es especialmente angosto y hay varios puntos por mejorar.
Por lo demás, y ahondando en el foco del IVA, la Comisión reiteró que no ve necesaria una imposición de ese gravamen a bienes o servicios de la canasta básica familiar. Y por fortuna concluyen que no se puede gravar la canasta básica si no se puede garantizar la devolución del impuesto a los hogares más vulnerables.
Pero sí hay otros ajustes que podrían ir avanzando paulatinamente. Propuso la Comisión que los bienes y servicios con IVA del 5 % o sin IVA (distintos a la canasta básica) tengan un tributo de este tipo entre el 10 % y el 12 %, sin llegar al actual 19 %.
De hecho, la Comisión ve posible que el Gobierno se fije la opción de bajar la tasa del IVA del 19 %, entendiendo que puede ser un tributo alto. Es decir, para los expertos sería más efectiva una tasa estandarizada.
Asimismo, pidió modificar los regímenes de zonas francas para evitar eventuales abusos en temas como el IVA. Insistió en la necesidad de crear una entidad independiente que asesore a la DIAN en una serie de reformas al sistema de impuestos
Insistió la Comisión en que Colombia lidere y tome estas recomendaciones toda vez que “el sistema tributario no está alineado con las políticas internacionales porque, quienes han estado a cargo de su formulación, han buscado corregir deficiencias que resultaron en ingresos tributarios muy bajos”.
La Comisión, que celebró 32 sesiones ordinarias durante los siete meses de trabajo, y contó con la participación de actores de la sociedad civil como gremios y representantes de la academia, hizo más recomendaciones.
Los expertos señalaron que el país debe romper con la práctica de introducción continua de beneficios tributarios, pues estos se han utilizado como herramienta para intentar contrarrestar los desequilibrios del sistema tributario. Al añadir progresivamente un beneficio sobre otro, el sistema tributario colombiano se ha tornado innecesariamente complejo, inequitativo y con un nivel elevado de beneficios, superior al observado en los países de la OCDE y Latinoamérica.
El informe establece, asimismo, que Colombia puede mejorar su proceso de formulación de políticas tributarias, teniendo como base las experiencias internacionales y los principios de simplicidad, eficiencia y equidad.
La Comisión invitó a Colombia a comprometerse a un proceso de reforma estructural que dirigirá al país hacia un sistema tributario óptimo y equitativo. De manera que a futuro el sistema tributario sea más justo, apoye el crecimiento económico y permita fortalecer las finanzas públicas.