El debate al revés
Los que le hacen apología al crimen y se dan golpes de pecho con la paz, muy agazapados y secundados por ciertos apátridas, quienes hacernos ver a los colombianos que son las Fuerzas Militares las responsables de que mueran niños y adolescentes de manera dolorosa en medio de la irracional confrontación en la que ellos son utilizados de manera criminal como escudos en medio de la barbarie con la que enfrentan a la fuerza pública.
Y lo peor de todo, es que algunos sectores irracionales de la sociedad se lo creen y se ciegan. Se niegan a aceptar que son los bandidos y asesinos los que utilizan a los niños y los ponen de carne de cañón.
Mírese por donde se mire, que haya menores de edad muertos en acciones militares es una tragedia. Tragedia para ellos, para sus familias, para sus comunidades, para toda la sociedad. Y reconocerlo como tragedia no excluye analizar sus connotaciones jurídicas, políticas y militares, sobre las que, naturalmente, no va a haber consenso.
Políticos de la oposición han denunciado que en un operativo militar en Guaviare, el pasado 2 de marzo, habrían muerto menores de edad. Unos han hecho la denuncia y han pedido explicaciones, otros han dicho cifras no verificadas, y algunos más han hecho gala de oportunismo politiquero usando retórica manipuladora para tachar al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de “asesinos de niños”.
Al momento de cerrar este texto, las entidades oficiales no confirmaban si había menores de edad en ese campamento guerrillero de alias “Gentil Duarte”, salvo la presencia de dos de ellos que fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y se ha conocido el testimonio de un padre que habla de que le entregaron los restos de su hija, de 16 años, a quien no veía desde mediados del pasado mes de enero.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha referido a “jóvenes” y acepta que de su presencia en ese campamento, objetivo militar del ataque aéreo, se tenía conocimiento: “La información es que había jóvenes preparados como combatientes y que estaban planeando y desarrollando acciones, y que hacen parte por supuesto de la posibilidad que se tiene, con el derecho internacional humanitario, de desarrollar operativos en contra de ese tipo de campamentos”. Luego agregó lo de “estaban formando máquinas de guerra”, término que le va a costar políticamente caro y que se va a prestar para toda clase de acomodos y descontextualizaciones para hacer aparecer a este gobierno como “masacrador”.
Los cuestionamientos parten de un punto común: si en las pesquisas de inteligencia se determinó o no con certeza la presencia de menores de edad en el objetivo militar que se iba a atacar; si esa presencia fue informada a quienes debían tomar la decisión de atacar; y si, sabiéndolo, resolvieron seguir adelante.
Tanto el ministro de Defensa y los altos mandos militares como quienes critican el operativo en el Guaviare, citan las normas del Derecho Internacional Humanitario. Los voceros institucionales, para enfatizar que es legítimo atacar el campamento desde donde se planean y ejecutan actos criminales. Los opositores, para declarar que el DIH considera víctimas, siempre y en todo caso, a los menores que estén en filas, sea que hayan sido reclutados por la fuerza o no.
Hay un tema de fondo, de vieja data pero ante el cual las guerrillas de todo signo han pasado impunes, que es el de reclutamientos forzados de niños y jóvenes. Tanto las anteriores Farc hoy desmovilizadas, que lo practicaron a gran escala hasta el último día, como las disidencias que ahora pretenden copar territorios para apoderarse de todos los sectores generadores de rentas legales e ilegales, incurren en ese crimen internacional para el que, sin embargo, no parece haber consecuencias punitivas.
Todo acto de reclutamiento forzado de menores debería ser denunciado de inmediato, ante autoridades o Defensorías del Pueblo. Y recibida la denuncia, activar las actuaciones inmediatas de la Fuerza Pública. Guerrillas, grupos criminales, carteles, siguen siendo los grandes azotes de la infancia en Colombia.