Por el “derecho a la vida” de la JEP
En medio de los tantos procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo, han dicho quienes los han seguido, no se había llegado a concebir un sistema de justicia como el que se aprobó en la negociación del acuerdo firmado en el gobierno de Santos. Tanto es así, que organizaciones internacionales como gobiernos no solo lo respaldaron sino que han solicitado respeto del actual de Colombia a ese tratado de reconciliación ciudadana.
Y ojalá y sea así, porque más allá de haber conseguido desarmar a la más vieja guerrilla del mundo, y con ello “traer la paz”, lo que se busca es que en el país se llegue a una verdadera reconciliación que ponga una muralla china a la probabilidad de que sigamos matándonos durante otros decenios en un nuevo conflicto interminable. Pues de nada sirve firmar una hipotética paz en la que los combatientes de una de las partes entregue sus “fierros”, se sometan a la justicia, reciban los beneficios de las “instituciones democráticas”, sean elegidos popularmente, pero luego cazados como conejos por los otros combatientes civiles o militares, que no han renunciado al combate, dando comienzo a una nueva guerra. Así fue y así ha sido desde el Tratado de Neerlandia, que puso fin a la Guerra de los mil días; al de Paz de Ariporo, que sometió a la legalidad a Guadalupe Salcedo Unda; al de Caloto, Cauca, que llevó al M-19 a la política, etc.
Como los otros actores del conflicto nunca habían sido llamados a rendir cuenta de sus actos criminales, que son tan atroces como los de la subversión, lo que se pretende con la JEP (Justicia Especial para la Paz) es que esta vez todos los que han participado en la guerra digan la verdad, pidan perdón, resarzan a sus víctimas y, lo que es lo más importante: se comprometan a la no repetición. Es ahí donde se cimienta la ofensiva actual contra esa fórmula de tener que responder ante la justicia, de los caza recompensa que le apuestan a darle un entierro de tercera. Es a eso, y solo a eso, a lo que se debe, que en medio de su mezquindad apelen a conceptos vacuos e insensatos que ponen por delante de los intereses de la nación y del pueblo colombiano su pésima costumbre de no reconocer o de negar parte de la responsabilidad habida en esas décadas luctuosas de Colombia.
Colombia y el mundo esperan que esta vez el presidente Duque no cometa otro error o desacierto histórico, que en verdad vuelva añicos el débil proceso de paz entre las FARC y el estado colombiano. Que todas las chapucerías de estas últimas horas, promovidas por los francotiradores que le apuntan a la JEP, trayendo a mandobles hechos y sucesos ficticios, tras los que se esconden sus verdaderas intenciones, no se le atraviesen a su deber y compromiso histórico de darle vía libre a dicha jurisdicción especial. Y que quienes se rasgan las vestiduras en medio de una histeria sin sentido, más bien se preparen, si en algo han participado en la guerra fratricida de medio siglo del país para que les digan la verdad a los colombianos y se comprometan a no repetir.
No es suficiente ganar la guerra, como creemos mucho que se ganó con el proceso de paz que busca sobrevivir a sus más enconados enemigos; es más importante organizar la paz, como sentenció Aristóteles, para que esta nación se reponga en el tiempo y pueda ser territorio de disfrute de todos sin la Espada de Damocles de que alguien le puede seguir haciendo daño.