Juan Manuel Villa, presidente de Colpensiones dijo que las pretensiones del sindicato de la institución dieron al traste con la convocatoria para proveer cargos dentro de la entidad.
Un proceso de vinculación laboral de más de 1.100 nuevos funcionarios a la entidad estatal Colpensiones quedó en el limbo tras el choque generado por el sindicato de la institución que elevó un pliego en el que demandaron unos beneficios que a juicio de Juan Miguel Villa presidente del organismo resultan inviable.
Pero ha sido precisamente ese ´choque´ el que permitió que aflorara una millonaria contratación que ha puesto contra la pared a la administración de Colpensiones, entidad que hoy tiene más de 6 millones 700 mil afiliados en todo el país
El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, anunció la suspensión de una convocatoria para integrar a la entidad 1.100 nuevos funcionarios que se había pactado desde mayo del 2018.
Para el 31 de mayo del 2018, la entonces presidenta Adriana Guzmán contrató con Adecco, compañía de recursos humanos, la realización de una convocatoria por mérito para vincular a 1.100 personas y fortalecer el trabajo de las diferentes áreas de Colpensiones, que tiene 6.702.549 afiliados.
Sin embargo, el presidente Villa en declaraciones a Blu Radio dijo que decidió suspender el proceso por cuenta de un conflicto con los 300 trabajadores del sindicato, quienes estaban exigiendo primas extra de Navidad en mitad de año, servicios de transporte a sus hogares, pólizas contra demandas judiciales, y otro tipo de solicitudes inviables para la entidad.
El presidente Villa aseguró que, por los requerimientos del sindicato, que de todas formas no podrían cumplirse en su totalidad, era necesario suspender la vinculación del personal a Colpensiones.
El contrato firmado el 31 de mayo entre la expresidenta Guzmán y los representantes de Adecco fue por $6.332 millones. Se estableció en ese entonces que Colpensiones pagaría el 30 % del valor, una vez presentada la terna o grupo de preseleccionados, y el 70 % restante de la tarifa presentada por el contratista, una vez seleccionado el candidato y presentada la carpeta física y digital del nuevo funcionario.
Pero tras la decisión de suspender la convocatoria, también quedó interrumpido el contrato, por lo tanto, los funcionarios no seguirán llegando a la entidad.
Hasta ahora se han pagado $1.798 millones y están en proceso de pago otros $1.307 en este momento. Se ha facturado por los servicios de Adecco $3.105 millones y hay un valor pendiente de pago de $3.227 millones para completar el total acordado en mayo del 2018.
En la convocatoria participaron 215.467 personas y, según Colpensiones, ya se vincularon 502 en el proceso con la empresa seleccionadora.
LAS RESPUESTAS DE COLPENSIONES
Colpensiones respondió argumentando que el contrato con Adecco nunca fue suspendido, a pesar de que así lo señala su página web, sino que se trataba de una evaluación de costos. Y afirmaron que se estaba esperando la solución con el sindicato para seguir adelante con la contratación de personal.
Sobre la pregunta de por qué la entidad encargada de administrar las pensiones de más de 6 millones de personas está contratando por tercerización, señalaron que se debe a “la necesidad de garantizar el nivel de respuesta asociado a la operación normal del régimen de prima media y la operación de las áreas que soportan la administración del régimen”.
Finalmente, concluyeron que a medida que se realice la población de personal de planta, se reducirá el número de trabajadores en misión contratados por temporales.
EL DEBATE SOBRE LA TERCERIZACIÓN
La propia ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que la tercerización laboral en las entidades públicas es un problema grave.
“Ese es un tema muy delicado. Yo creo que las entidades del Estado, siempre y cuando sea misional, deben pertenecer a la planta. En caso de temas excepcionales tienen que ser contratados. Siempre habrá temas excepcionales que tengan todas las empresas, pero las personas que hagan labores misionales deben estar contratados por planta”, aseguró.