Diario del Cesar
Defiende la región

Nuevo capítulo se cierne en audiencia donde se debatirá sobre glifosato 

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El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto deberá resolver la solicitud de suspensión de audiencia que se adelantará el próximo 19 de diciembre, en la que se tiene previsto abordar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, con el que se busca retomar las aspersiones aéreas con Glifosato en 104 municipios distribuidos en 14 departamentos el país.

La diligencia que está prevista para la fecha en mención ha tenido serias controversias, debido a que, a juicio de organizaciones de derechos humanos, no existen garantías, ni condiciones reales sobre la participación de la comunidad en el marco de las diligencias, como lo ha establecido en más de una ocasión la Corte Constitucional.

“De conformidad con el auto emitido por el Juzgado, el 04 de noviembre, no se había logrado hasta el momento acreditar una participación en doble vía y en tal sentido, se advirtió a las entidades accionadas que previo a su ejecución con cinco días de antelación, se deberían informar al despacho las actuaciones que se desplegarán”, dice el documento.

La puja en este caso obedece a que, en más de una ocasión, se han adelantado diligencias entre la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), sin tener en cuenta que la ciudadanía, específicamente, de los 104 municipios no han podido acceder a las mismas porque no hay manera de establecer conectividad a internet.

Así las cosas, los argumentos en esta ocasión, es que existen alertas de diversas personerías que advierten sobre las limitaciones que conlleva la realización de esta audiencia y las presiones indebidas que se están haciendo sobre la toma de esta decisión.

Eso sin contar que la propuesta metodológica para realizar la audiencia no cumple con los estándares exigidos por la ley, y la propuesta metodológica para realizar la audiencia no cumple con los estándares establecidos por la Corte, además que desconoce las órdenes de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado y el Tribunal de Nariño.

JEP citó condenados por despojos de tierras y vinculados con AUC 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP hará, el 7 y 9 de diciembre, la audiencia pública en que las víctimas de despojo de tierras de Tulapas intervendrán respecto a las exposiciones que harán seis terceros civiles que solicitaron someterse a la jurisdicción y otro civil que ya fue aceptado.

Los seis terceros civiles citados, que solicitaron someterse a la JEP son: Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado y Sor Teresa Gómez Álvarez.

Durante la audiencia pública, esas personas deberán exponer su compromiso frente a la verdad plena, la reparación integral de las víctimas, las garantías de no repetición y sus compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

A partir de la información que los seis postulados entreguen durante la diligencia, que se hará conjuntamente con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se definirá si cumplen con los requisitos para ser admitidos en la Jurisdicción y podrán vincularse al Caso 04, que investiga la situación de Urabá.

A la diligencia también fue citado Benito Molina Velarde, quien se presentará en calidad de compareciente para iniciar sus aportes a la verdad plena, detallada y exhaustiva. Es decir, materializará el compromiso que adquirió en septiembre pasado, cuando la JEP aceptó su sometimiento.

Todas estas personas hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 2008 e intermediaron para realizar acciones de despojo de tierras a campesinos poseedores en la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño.

Los citados a la diligencia se conectarán de las cárceles La Picota, el Buen Pastor, Bello y Corozal. Las víctimas acreditadas podrán seguir la diligencia en el municipio de Necoclí, donde se habilitó una sala especial.