Diario del Cesar
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Quedó en libertad contratista investigada por corrupción

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Un juez de control de garantías cobijó con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a la representante legal de Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, recientemente procesada por las supuestas irregularidades presentadas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE en Codazzi, durante el gobierno del exalcalde Efraín Quintero Mendoza, quien también es investigado por el caso.

Se trata de Diana Margarita Trujillo Arévalo, de 38 años, quien fue imputada por la Fiscalía 12 Seccional adscrita a la unidad de delitos contra la administración pública por su presunta comisión en calidad de interviniente y a título de dolo en los punibles de peculado por apropiación agravado en calidad de coautora interviniente, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, de los que se declaró inocente.

La decisión fue proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, quien tomó tal determinación acogiendo la solicitud hecha por el ente acusador de otorgarle esa medida al considerar que con eso se cumplen los objetivos constitucionales: que no haya obstrucción a la justicia, que la fémina comparezca a los llamados que le hagan por el proceso y que ella misma se presentó ante las autoridades para darle la cara a la justicia.

Sin embargo, Trujillo Arévalo continuará vinculada a laspesquisas  y tendrá que cumplir con algunos compromisos como no salir del país mientras esté en curso el proceso judicial, mostrar una conducta ejemplar y presentarse periódicamente o cuando sean requeridos ante las autoridades.

 

EL PROCESO

 

La investigación penal contra la antes mencionada tanto como para Quintero Mendoza, quien del 2012 al 2015 fungió como primer mandatario de Codazzi y para Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, que en el mismo periodo ostentó el cargo como secretario de educación de esa población, surgió a raíz de la denuncia formulada en noviembre del 2016 por la Controlaría General de la República a través de una auditoria especial que realizó a un convenio de cooperación y a un contrato de prestación de servicios para cumplir con el plan de la alimentación escolar.

En los hallazgos de dicho seguimiento, la entidad afirmó encontrar serias inconsistencias en el contrato No. 001 del 30 de enero del 2015 suscrito entre el exburgomaestre con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir por un valor de $418.251.040, con el fin de garantizar el servicio del programa en las instituciones educativas de esa población por un término de 62 días hábiles para la vigencia del 2015.

De dicho acuerdo legal, $379.975.680 debían ser aportados por el municipio y $38.282.360 a la empresa contratista, siendo el secretario de educación la persona designada como supervisor.

“Para este no se aplicaron criterios técnicos con convenios comparativos para establecer los justos precios y no se cumplió con la etapa de planificación para llevar a cabo el contrato. En estas circunstancias, por el concepto de desayunos y almuerzo, pactaron valores de $2.500, que estaban muy por encima de los planteados por la Gobernación del Cesar para el cumplimiento del PAE. De este existe una sobreestimación en el convenio de unos $111.877.856. Aunado a ello, se desconocieron los requisitos aplicables y que se exigen en materia contractual por tanto aquí no se hizo una selección objetiva, sino que lo hicieron de manera directa, sin efectuar una licitación pública o un procedimiento abreviado”, dijo la Fiscalía.

Cabe recordar que los dos exfuncionarios antes nombrados y Linda Xiomara Navarro Hernández, contratista y gerente del Consorcio Alimentación Escolar 2015 con la que la administración suscribió un contrato similar, ya fueron judicializados de manera preliminar por el supuesto caso de detrimento patrimonial que le habría generado un descalabro a las arcas del municipio de Codazzi por más de $430 millones, y les atribuyeron las mismas conductas delictivas mencionadas inicialmente.

Ninguno de ellos aceptó dichos señalamientos y tras varios días de audiencias, fueron cobijados con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad pero seguirán vinculados al proceso penal.