Diario del Cesar
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Procuraduría revela investigaciones contra uniformados de FF.MM. 

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En un documento que remitió a la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la Nación informó que actualmente hay 18 investigaciones abiertas contra miembros de la Fuerza Pública, de las cuales 14 corresponden a homicidios.

El pronunciamiento del Ministerio Público se da al responder a un cuestionario que le formularon varios congresistas de la oposición que citaron a un debate en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, a propósito de los excesos de la Fuerza Pública en las manifestaciones violentas de hace dos semanas.

“De las 22 investigaciones activas, 18 cursan contra servidores de la Fuerza Pública, dos contra civiles (funcionarios de la administración municipal) y dos por establecer la calidad o categoría de servidor público”, dice el documento.

En otra de las respuestas, la Delegada para los Derechos Humanos del Ministerio Público agrega que de las 18 investigaciones contra servidores de la Fuerza Pública “14 se han iniciado por posibles conductas de homicidio, una por posible abuso de autoridad, una por posibles amenazas y torturas, una por posibles lesiones personales y una por posible estigmatización social”.

15 de los procesos -dice la respuesta- se encuentran en etapa preliminar, seis en etapa de investigación disciplinaria y uno en etapa de descargos, agrega la respuesta del Ministerio Público.

La Delegada también cita cifras de la Defensoría del Pueblo en las que se advierte que con corte a 19 de abril pasado habían sido asesinados en el país 56 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Así mismo, en las respuestas a la Cámara, la Procuraduría muestra otras cifras del más reciente informe de la consultoría Indepaz según las cuales en Colombia han sido asesinados más de 119 líderes sociales en lo corrido del 2020, siendo los departamentos más afectados Cauca (34), Antioquia (18), Putumayo (10), Norte de Santander (8) y Huila (5).

A estas cifras se agrega, aunque no forman parte de las respuestas de la Procuraduría a la Cámara, el informe de la Misión de Observación Electoral en la que se dice que en los primeros seis meses de 2020 se han registrado 248 agresiones a líderes sociales, incluidos 81 asesinatos en todo el país.

Declaración del Gobierno Nacional 

  1. La manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política y esta se cumple dentro de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
  2. La Fuerza Pública vela por garantizar la vida, los derechos y libertades, la integridad personal, bienes y honra de todos los residentes en Colombia.
  3. La Fuerza Pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los derechos humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen.
  4. La actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas.
  5. En el mundo, la mayoría de los países cuentan con escuadrones de la Fuerza Pública para controlar los disturbios y 105 países, entre ellos Colombia, tienen grupos o escuadrones profesionales como el Esmad, que continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación.
  6. Las actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública que en el marco de la protesta violen la ley son individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes, y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley.
  7. El Gobierno Nacional continúa con el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional establecida en la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
  8. El Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional.
  9. El Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020.

Con respecto al punto 4 de esa decisión, la Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte  de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos.

Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual.