Imputan cargos a exalcalde Fredys Socarrás por el PAE
Ante el Juzgado Cuarto con funciones de control de garantías de Valledupar, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de esta ciudad, Fredys Socarrás Reales, por presuntas irregularidades detectadas relacionadas con la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2014.
A Socarrás Reales, quien se desempeñó como alcalde de Valledupar entre 2012 y 2015, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cesar le atribuye responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción.
Por los mismos hechos, el ente acusador imputó a la ex asesora jurídica del municipio Mery María Romero Mestre y al representante legal de la firma Kabala, Asdrúbal Rocha Lengua.
Según la investigación que adelanta la Fiscalía, los hechos se relacionan con las presuntas irregularidades detectadas en la etapa precontractual del convenio de cooperación No. 02 del 2014 cuyo objeto era aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación durante la jornada escolar de los niños, niñas y adolescentes en el área rural, de conformidad con los lineamientos técnicos administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2014.
Con base en la inspección a lugares, análisis contractual, estudio financiero y contable, el ente acusador evidenció que, para el citado contrato suscrito por un monto de $9.000’000.000 (nueve mil millones de pesos), la administración municipal presuntamente adoptó una modalidad de contratación excepcional que no aplicaba al objeto contratado, como quiera que debió ser por licitación pública y no por contratación directa.
Al final de la diligencia los imputados no aceptaron los cargos y continúan vinculados a la investigación.
YA TIENE OTRO ‘CHICHARRÓN’
Cabe recordar que Socarrás Reales es investigado actualmente por el escándalo de los predios ubicados en el Parque Industrial de Valledupar, proceso que se sigue ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar.
La acusación se desprende por unos predios de propiedad horizontal ubicados en dicho sector, que según el ente acusador, fueron vendidos por el exmandatario a un precio menor al que realmente tenían, según su avalúo comercial.
Conforme a esto, el organismo investigador señaló que dichos inmuebles que, al parecer, fueron comercializados por un valor aproximado a los 1.180 millones de pesos, en realidad tenían un costo superior a los $2.000 millones, por lo que pese a que el proceso de compraventa se hizo en el 2015 bajo los estándares exigidos por la ley, cumpliendo con todos los parámetros normativos que rigen ese tipo de transacciones, se había causado un millonario detrimento en contra del municipio.