Condenado médico por ‘Cartel de los locos’
En audiencia de verificación de allanamiento a cargos efectuada este jueves, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar con funciones de conocimiento dictó fallo condenatorio contra Carlos Arturo Montero Araújo, uno de los implicados en el fraude a empresas mineras y fondos de pensiones, en el caso conocido como el ‘Cartel de los locos’ o ‘Cartel de las pensiones’, destapado en 2018.
Montero Araújo fue condenado por el delito de peculado por apropiación agravado luego de que se allanara a los cargos imputados por la Fiscalía Quinta Seccional de delitos contra la administración pública.
El médico participó en este caso como miembro de la Junta Regional de Calificaciones de Invalidez del Cesar, la cual ofrecía servicios para adelantar pensiones con maniobras fraudulentas como certificaciones de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.
Para el viernes 18 de septiembre a las 2.30 p. m. quedó programada la audiencia de lectura de fallo donde se conocerá la sentencia contra el profesional de la salud.
Montero fue capturado en el marco de la Operación Frenocomio, adelantada por la Fiscalía en la Costa Atlántica para atacar el fraude al sistema pensional, junto a otras 9 personas identificadas como responsables de atentar contra la estabilidad de estos Fondos.
En su momento se logró identificar un grupo de 2 abogados, 4 médicos, otra persona con estas dos profesiones, 1 sicóloga y 2 intermediarios, que ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.
Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, para la época había 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.
La Fiscalía estimó que, una sola persona defraudó a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos, sólo en Valledupar (Cesar).
TAMBIÉN LOS BANCOS
El objetivo de la defraudación no iba dirigido sólo contra los fondos pensionales sino que alcanzaba al sistema financiero.
Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos.
Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.
Los primeros operativos arrojaron como resultado la captura de 4 integrantes de la Junta de Calificación Regional Cesar y otras 6 personas que responden por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las empresas carboneras de Drummond, Prodeco y Cerrejón.