Juez negó la libertad al psiquiatra Altamar

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en audiencia de segunda instancia, en la tarde de ayer negó por segunda vez la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que la defensa del médico psiquiatra Manuel de Jesús Altamar Colón, investigado por su presunta participación en el llamado ‘Carrusel de las Pensiones’, realizó para que este sea dejado en libertad.

Pese a que el jurista presentó el recurso de apelación a la misma decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar aduciendo que por sus condiciones físicas y médicas del galeno, este no puede estar recluido en un centro penitenciario dadas las constantes patologías que padece, el tribunal determinó que debido al grado de participación que presuntamente tenía este en la red delincuencial y como garantía de que comparezca al proceso.

“En el caso que nos ocupa, la defensa centró su solicitud en reclamar que con los nuevos elementos materiales probatorios aportados, no existe la necesidad de la medida de aseguramiento. Se comienza precisando que con las pruebas aportadas por la Fiscalía en las audiencias preliminares se encontró satisfecha la inferencia razonable de autoría o participación para imponer la medida de aseguramiento. Manuel Altamar, en atención a la actividad que desarrollaba, se había concertado con los demás participantes de los hechos investigados, faltando a su ética profesional y prestándose para entregar dictámenes que no correspondían a la verdad. Se resaltó la actividad que desplegaba en la organización: le enviaban el paciente con previa concertación, para que luego abogados usaran esas historias clínicas y todos sus conceptos para defraudar al sistema pensional, financiero o asegurador”, dijo el juez.

El médico es una de las 38 personas que hasta la fecha han sido salpicadas por el sonado caso del ‘Carrusel de las pensiones’, en el que tanto empleados y trabajadores de empresas carboneras como Drummond, Prodeco y El Cerrejón, en complicidad con médicos, estudiantes y abogados de esta capital y otras ciudades de la costa, defraudaron en más de 100 mil millones de pesos a fondos de pensiones como Colpensiones y otros entes de tipo privado mediante la obtención ilícita de pensiones de jubilación.

Altamar Colón fue señalado como responsable a título de dolo de los punibles de concierto para delinquir en concurso con fraude procesal y estafa agravada, a los cuales no se allanó durante las audiencias concentradas realizadas en abril.