Testigos de Fiscalía declararon contra el exalcalde ‘Tuto’ Uhía 

Con la presentación de dos testigos por parte de la Fiscalía Quinta Seccional de delitos contra la administración pública, se reanudó ayer el juicio oral en el proceso que se sigue contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, por el delito de corrupción al sufragante. 

La diligencia, realizada de forma virtual, se llevó a cabo en ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento.

El primero en intervenir en la vista pública fue el arquitecto Óscar Guerra Bonilla, propietario del lote donde se encuentra la invasión Tierra Prometida, al sur de esta capital.

Guerra Bonilla, al ser preguntado por la Fiscalía, expresó que entre 2011 y 2012, en los terrenos de su propiedad, estuvo diseñando un proyecto para construir 4.200 viviendas, en sociedad con una firma importante, pero este fue truncado por la invasión, a raíz de que no se produjo un desalojo que se tuvo programado en más de 3 oportunidades.

“No se logró llevar a cabo el proyecto porque la invasión perturbó la construcción de esto a pesar que se hizo un acuerdo con la comunidad, se les indicó en varias reuniones que debían desalojar porque las viviendas que allí se iban a construir eran para las personas que estaban invadiendo, que necesitaban vivienda o desplazadas”, señaló Guerra Bonilla.

EXALCALDE SOCARRÁS ACOMPAÑÓ” A INVASORES 

El constructor aseguró que había  “intereses oscuros” para evitar que se llegase a un acuerdo con los invasores, e incluso, señaló al exalcalde Fredys Socarrás Reales de “acompañar” a estas personas a las que él llamó “invasores profesionales”.

“Muy a pesar de esto, sabemos nosotros que hay mucha gente que se dedica a la invasión de tierras, es decir son invasores profesionales y estos permanentemente, en compañía, digo yo, del alcalde Fredys Socarrás, interrumpieron alevosamente la continuidad del proyecto de la llamada ‘Tierra Prometida’, que nosotros la llamábamos urbanización Óscar Guerra Bonilla”, añadió.

Tras la intervención de Guerra Bonilla, declaró la ama de casa Martha Montero, habitante de Tierra Prometida en la época de la presunta conducta punible.

Montero describió las precarias condiciones en las que habitaba en ese sector en 2011, cuando ocurrieron los hechos investigados.

Reconoció que votó por Augusto Daniel Ramírez Uhía a las elecciones a la Alcaldía de Valledupar porque en sus promesas de campaña prometió viviendas dignas para la población.

Con la intervención de la señora Montero, fue suspendida la audiencia de juicio oral que se reanudará el 29 de septiembre a partir de las 8:30 a. m.

Para la próxima diligencia se tiene previsto que el fiscal presente su último testigo, la habitante de Tierra Prometida, Lourdes Manuela Barrios.

Acto seguido, el abogado defensor Alejandro Sánchez Cerón deberá comenzar a mostrar sus elementos materiales probatorios y debatir la teoría de la Fiscalía.

LOS SEÑALAMIENTOS 

Tras la condena contra el gobernador Luis Monsalvo por parte de la Corte Suprema, salió a flote este otro caso que sigue la justicia colombiana por hechos parecidos presuntamente cometidos por el exalcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía.

Ramírez Uhía es acusado de incurrir en el delito de corrupción al sufragante por los hechos supuestamente ocurridos hace nueve años cuando desarrollaba su campaña política para llegar a la alcaldía de Valledupar en el periodo 2011-2015.

Según la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración el exmandatario de los vallenatos habría hecho algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, quienes tras otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la administración municipal, en retribución no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal e inclusive, podrían ser beneficiados con proyectos de vivienda.

“De los elementos materiales probatorios que recolectó la Fiscalía se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien hoy ostenta el cargo, cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada una aptos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde los mantendría ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2500 viviendas dignas, requeridas en esas zonas”, dijo el fiscal al momento de la imputación.

Agregó también que por lo anterior, los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde, mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos; en las invasiones ubicadas al noroccidente de la ciudad se hizo el 11 de septiembre de 2011 y 18 días después en Tierra Prometida.

De ser hallado culpable, podría recibir una pena que oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.