La sociedad espera la verdad y no repetición
En desarrollo del acuerdo con las Farc, la Justicia Especial de Paz empezó esta semana las audiencias en las cuales quienes comandaron ese grupo guerrillero rendirán su versión sobre el reclutamiento de menores y los delitos anexos. Es una nueva oportunidad para que la verdad se convierta en la base que le dé credibilidad y respaldo al proceso o para que la evasión y las mentiras los destruyan.
Ese es el parangón en que se encuentran quienes están ante la justicia creada para darle una solución política al conflicto. Como ocurrió con el secuestro, lo que se espera es que los dirigentes de las Farc reconozcan hechos de los cuales existen miles de testimonios y pruebas, para que les sean aplicables los beneficios pactados en los acuerdos de La Habana.
La etapa que se inicia toca el que es uno de los puntos más sensibles de la violencia en Colombia. Es la manera en que las Farc desconocieron los derechos de los niños, los arrebataron de sus hogares y los reclutaron para convertirlos en carne de cañón, además de someterlos a toda clase de conductas que atentaron contra su dignidad.
Y tiene graves consecuencias sociales: como lo expresa una tesis de la Universidad Libre en el 2018, “este fenómeno destruye una estructura de valores y principios del menor, siendo reemplazados por una educación enfocada al odio, donde la violencia es la respuesta a los problemas sociales y personales del individuo. Como resultado la sociedad se encuentra frente a una persona incapaz de resolver los conflictos habituales de manera racional, que recurrirá a los antivalores aprendidos en el conflicto armado creyendo que la violencia es la única manera eficaz para dar solución a sus problemas”.
Por ello, de lo que los dirigentes del grupo guerrillero reconozcan dependerá el respaldo de la Nación al acuerdo. Preocupa que las declaraciones de algunos de ellos, hoy senadores de la República, den a entender que no reconocerán un delito que involucró a decenas de miles de niños y niñas a los cuales les arrebataron su libertad para involucrarlos en la guerra y someterlos a vejámenes.
O peor aún, que están dispuestos a usar todas las argucias necesarias para evadir su responsabilidad ante la JEP, que implica rebajar o suspender las penas a cambio de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. En este caso, la verdad puede ser la nueva víctima al convertirla en un incidente procesal más donde los autores del reclutamiento esperan a que los condenen en lugar de decir la verdad, por dura y macabra que ella sea.
Como solución política, la justicia transicional consiste en asumir las responsabilidades frente a la Nación sobre hechos con los cuales se les causó un daño inmenso a las víctimas y a la sociedad. Por eso, para que tenga los efectos que de ella se espera, es indispensable que quienes se acogieron al acuerdo digan la verdad. De lo contrario, la negociación caerá en el descrédito, la JEP perderá su razón de ser, se destruirá la confianza en el proceso de paz y será imposible el tratamiento especial para los autores de un delito de lesa humanidad.