Lo que mal empieza, mal termina
Ya lo habíamos advertido en este espacio editorial que el futuro de la Jurisdicción Especial de Paz adobado con dosis de impunidad no iría tan lejos. Como el refrán popular, se les dijo, se les advirtió, pero no hicieron caso. Todo lo que está ocurriendo alrededor de la JEP y los exjefes de las Farc que deben ser procesados por ese tribunal es como para morirse de la risa. Todo el espectáculo que estamos viendo se advirtió en pleno debate sobre el contenido de los Acuerdos de Paz.
Puede ser que el país se haya dividido sobre lo acordado con la entonces guerrilla, y que hayan quedado puntos discutibles que ameritan revisiones. También es claro que en los acuerdos se adquirieron compromisos de parte del grupo insurgente y del Estado que no han sido cumplidos en su integridad, y que también demandan ajustes para que permitan alcanzar el fin deseado de la paz plena en todo el territorio nacional. Pero las observaciones puntuales que ha hecho el señor Fiscal General de la Nación no son de poca monta.
Recordemos que la accidentada Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz que hoy está en manos del Presidente de la República, ya sea para su sanción o para su objeción, siempre tuvo unos vacíos que cuando se le hacían las observaciones el único argumento que esgrimían sus defensores es que se estaba en contra de la paz. Y con tal san benito estigmatizaron a quienes les han formulado objeciones serias que deben ser controvertidas por el país
Debe recordarse que su trámite ocupó varios meses de la agenda del Congreso de la República, dentro del cual se produjeron debates de especial trascendencia y existió oportunidad para los partidos y movimientos, así como para muchas organizaciones y ciudadanos, de expresar sus puntos de vista. También es oportuno afirmar que esa ley cumplió con los requisitos y fue aprobada por las mayorías, conforme manda la Constitución.
Ahora es el Fiscal General quien envía una carta al presidente Iván Duque pidiéndole que se abstenga de sancionarla por cuanto en su documentada opinión presenta serias discrepancias con la Constitución al dejar en el limbo la posibilidad de castigar a quienes hayan reincidido o persistido en la comisión de delitos después del 1 de diciembre de 2017. Además, el Fiscal advierte sobre el riesgo de crear peligrosos e insolubles conflictos de competencia entre la entidad a su cargo y la JEP, lo que no puede ser posible en un sistema jurídico como el nuestro, y así se hayan creado excepciones para permitir la terminación del conflicto.
Ese es el marco de la controversia que hoy se presenta, y que debe ser dilucidada por el presidente Duque. En la práctica, la decisión de sancionar la Ley le daría la viabilidad que requiere una legislación adoptada por razones estrictamente políticas para cumplir su objetivo. Lo contrario implicaría volver a empezar su discusión en el Congreso, y, en la práctica, detener la JEP al dejarla sin una estructura fundamental como es su reglamentación.
Y en el entretanto, ante la JEP desfilan los jefes de las Farc a rendir su testimonio, después de que ya lo hicieron las víctimas. Aunque existen respetables posiciones en uno u otro sentido, se trata es de darle el espaldarazo que se requiere a una decisión del Estado colombiano en su conjunto.