¿Qué viene ahora para la Gobernación del Cesar? 

POR NINOSKA REYES URDANETA 

La decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ha generado incertidumbre  entre sectores de la población,  donde ahora se preguntan cuál será el destino del departamento y las implicaciones que tendrá sobre su desarrollo el posible cambio de gobierno. 

La Corte Suprema de Justicia, sentenció a 61 meses y 16 días al gobernador Monsalvo por el delito de corrupción al sufragante, durante las elecciones de octubre de 2011, decisión que implica demás la separación del cargo del Gobernador y su inhabilitación a cargos políticos durante el tiempo de la condena.

Pero, ¿qué pasará con la Gobernación del Cesar?, es la pregunta que hoy se hacen muchos ciudadanos, quienes aspiran que el conflicto cese y sigan adelante los planes de trabajo para evitar atrasos en el departamento.

Tal es el caso del joven Eduber Suárez, estudiantes de Derecho en la UPC, quien indicó que es lamentable que antes de desarrollarse los procesos electorales, los entes de control permitan la inscripción de candidatos con procesos judiciales pendientes. “Ahora las consecuencias la paga el pueblo, lo que se inició como gobierno departamental, se atrasará y quedará en el limbo el desarrollo de importantes proyectos para el Cesar”.

Julio Andrés Díaz, docente, indicó que es como volver a empezar porque la persona que llegue al poder jamás va a seguir con lo que está planificado, vendrá con ideologías nuevas y con lineamientos donde en la mayoría de los casos, priman los intereses políticos.

“Es lamentable que este departamento reciba este golpe, entra en crisis la institucionalidad y la política toma un nuevo rumbo que en nada favorece los intereses del pueblo”, afirmó Diana Pulido, trabajadora de la salud en Valledupar.

Entre tanto, el sector político también se ha pronunciado en el departamento. Claudia Margarita Zuleta, diputada de la Asamblea Departamental del Cesar, trinó a través de las redes sociales el siguiente mensaje: “Los eventos políticos derivados de fallos judiciales deben asimilarse con prudencia. Asumiremos -como siempre- el compromiso que mejor le sirva al pueblo del Cesar”.

Exhortó a todos a aunar esfuerzos, dialogando, para encontrar juntos un camino que eluda retrasos en la tarea vital de administrar nuestros recursos en pos de la equidad y el progreso !Es tiempo de grandeza!

“He creído que el departamento debe ser gobernado con absoluta transparencia, sin vanidad, con honestidad, inclusión y muy participativamente, nuestros recursos, son de todos y pertenecen a cada cesarense por igual. El Cesar debe avanzar impulsado por la Fuerza de la Gente”, afirmó.

Ricardo Quintero, también diputado opositor de la Asamblea en el Cesar, reiteró que “estos procesos judiciales ponen en peligro la institucionalidad, por lo que se necesitar actuar sensatez y pensando en el bienestar de las comunidades. No caben improvisaciones, es la oportunidad para ver buenas iniciativas del Gobierno Nacional”, afirmó.

LO QUE SIGUE 

Al consultar a un experto en derecho electoral y constitucional, sobre los pasos a seguir tras el encargo administrativo de Wilson Solano por parte del Gobierno Nacional, corresponde a los partidos de origen, que inscribieron en el proceso electoral a Luis Alberto Monsalvo, presentar un listado de elegibles para cumplir con la designación político administrativa, en el sentido de que debe respetarse el partido de origen y se le daría la connotación electoral al proceso en cuestión.

Monsalvo estuvo respaldado en el proceso electoral por los partidos Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal, los cuales deberán presentar la lista de elegibles a ocupar el cargo, mientras se llevan a cabo las elecciones atípicas en el departamento.

De ratificarle al Gobernador la condena, en segunda instancia o doble conformidad, debe convocarse a nuevas elecciones. “Si este proceso se hubiera presentado faltando 24 meses para culminar su periodo gubernamental, se lleva a cabo un encargo administrativo y se espera las nuevas elecciones”, dijo el especialista.

Con respecto a la ratificación de la sentencia en segunda instancia, la norma indica que debe realizarse en los 15 días siguientes, una vez presentado el recurso de apelación, pero por ser una situación de mérito al tratarse de un Gobernador, tardaría dos meses aproximadamente y a finales de septiembre debe estarse produciendo la segunda instancia.

El experto aclaró, que el Gobernador no está condenado en firme, y en segunda instancia se puede perfectamente revocar lo decidido en la primera. El Gobernador tiene el derecho a la apelación y aún se debe presumir la inocencia