Diario del Cesar
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¡Cuidado! comprar guarapo, mango o paleta da para una multa de $800 mil: Policía

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El abogado Andrés Felipe Maestres indicó que las autoridades pueden no interponer la norma sin estar violando la ley.  “Si la ley es injusta, ¿tiene obligación? No.  Los policía pueden hacer una no implementación de la norma a través de una excepción de inconstitucionalidad”, dijo el abogado, refiriéndose a este instrumento establecido por el artículo cuarto de la Constitución Política.

A raíz de la polémica desatada y conocida como la ´empanada de 800 mil pesos´,  es el artículo 140 del Código de Policía, el ´arma´ para combatir la informalidad? El debate está planteado. Pero mientras tanto, cuídese de la multa y que no lo sorprendan.

  Para algunas ciudades como Valledupar lo establecido en el artículo 140 del Código de Policía es una herramienta para que recupere el espacio público que hoy de manera ilegal y arbitraria ocupan miles de personas, muchas de ellas en condición de arriendo que paga a bandas de avivatos por el uso y goce de un espacio que nos pertenece a todos.

Sabido es, tanto por la comunidad, los propios vendedores y las autoridades, que en la zona del centro comercial de la ciudad de Valledupar algunos avivatos le cobran a los informales para que estos puedan desarrollar su irregular labor.

´Una esquina, en un espacio de dos por dos debe pagar uno 10 mil pesos diarios, o 250 mil al mes. Hay otros que en medio de una cuadra, en un espacio de dos por un metro deben pagar hasta 15 mil pesos, todo va de acuerdo a la ubicación´, nos narró un vendedor informal a cambio de anonimato.

EDUCACIÓN PARA EL CIUDADANO

Pero más allá de la indignación, el rechazo, la incomprensión de la gente acerca de la imposición del comparendo al pobre muchacho que compró una empanada a un puesto informal que ocupaba el espacio público, el debate de fondo está en la educación para el ciudadano.

Los ciudadanos no pueden seguir actuando con irresponsabilidad, comprando alimentos en sancocherías al aire libre, sin las más mínimas normas de higiene, expuestos a contagiarse de cualquier enfermedad o a padecer severos traumas en la salud por la ingesta de comidas en mal estado. Aquí no todo debe achacársele a la Policía o al Código aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional que es nuestra máxima instancia jurídica, aquí hay una enorme dosis de responsabilidad en el ciudadano que no tiene educación, no tiene cultura, cree que puede hacer todo lo que considera que le está permitido y eso no es así, vivir en sociedad tiene su costo, y los ciudadanos debemos aprender a respetar las reglas de convivencia, las normas establecidas por las autoridades en materia de locomoción, tránsito, comercio, etc, creo que el debate está equivocado, no debe radicar en la norma ni en el procedimiento de la Policía, debemos ir más allá´, sustentó el abogado Luis Enrique Molina.

DIARIO DEL CESAR salió a conocer la postura de vendedores y compradores de Valledupar sobre esta polémica, que además es resguardada por el artículo 140 del Código Nacional de Policía “comportamiento contrarios al cuidado e integridad del espacio público” que en el numeral seis afirma: “Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”, Código de Policía.

“17 AÑOS VENDIENDO EMPANADA”

Samuel Torres, es un vendedor ambulante que lleva trabajando en la carrera novena 17 años; las empanadas, las papas y demás alimentos fritos que ofrece, le han permitido llevar el sustento a su familia durante este tiempo, “si uno no trabaja no come”, aseguró; el ciudadano rechaza la forma de actuar de las autoridades e indicó que no se debe prohibir la venta de comidas en las calles, “nadie sabe que necesidades hay”, dijo.

Quien también se encuentra preocupado por esta aplicación del Código Nacional de Policía es Fernando Bonet, quien durante 27 años ha estado viviendo de la venta de jugo en el centro de Valledupar; “es el sustento de mi hogar, de mis hijos, de aquí dependen muchas cosas”, explicó.  Le hace un llamado a la administración no para que sancione a los vendedores o compradores sino para que tengan más controles sobre las personas que se dedican a esto “el éxodo venezolano ha exagerado esta problemática”, afirmó.

Carlos, quien solo quiso dar su primer nombre, también se encuentra alerta ante este modus operandi de la Policía Nacional, quienes ha decidido cumplir al ‘pie de la letra’, las leyes del código.  “Soy vendedor ambulante porque fui desplazado por la violencia hace seis años desde Gamarra, y necesitaba tener una forma de ingreso para mi familia”, explicó.  Además, reveló que en diferentes ocasiones, le ha sido incautada la carretilla, herramienta fundamental para conseguir su sustento.

LA ALCALDÍA SE PRONUNCIA

El secretario de Gobierno municipal en Valledupar, Gonzalo Arzuza, se refirió al tema; el funcionario indicó que hasta el momento, en la ciudad, “no se ha aplicado comparendo a personas que compren en el espacio público”, pero indicó que si han existido multas por la manera indiscriminada del uso del espacio público, aunque no entregó cifras, si dijo que el Código de Policía “los obliga a que cuando haya personas que violen las normas la autoridad debe sancionar las faltas” y está en manos del inspector de Policía si se desestima o ratifica la sanción, aseguró Arzuza.

POSTURA JURÍDICA FRENTE AL TEMA

El  abogado Andrés Felipe Maestre, especialista en Derecho Laboral, dijo que, sobre este tema, se pueden desprender dos puntos de vistas: jurídico y sociológico.  Acotó que lo primero que se debe tener en cuenta, es que el Código de Policía Nacional regula a los proveedores de los productos y no a quienes venden y compran estos.  Del mismo modo manifiesta, que las autoridades pueden recurrir a una labor administrativa de no imponer la ley sin necesidad de que estén violando esta.

“Si la ley es injusta, ¿tiene obligación? No.  Los policías pueden hacer una no implementación de la norma a través de una excepción de inconstitucionalidad”, dijo el abogado, refiriéndose a este instrumento establecido por el artículo cuarto de la Constitución Política, “cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes.

También indicó que se puede proceder administrativamente, realizando acciones de tutelas en contra del proceso interpuesto.