Investigan al alcalde de Pueblo Bello por darle contrato a uno de sus financiadores
Un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por valor de $93,5 millones de pesos, por parte del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, pone en la lupa de la Procuraduría General de la Nación la Administración Municipal por el tratado con financiadores de sus campañas políticas, a pesar de estar inhabilitados por haber hecho aportes del más del 2% establecido.
La investigación forma parte de un proceso que se ha abierto a tres gobernaciones y 15 alcaldías del país, entre la que encuentran además las alcaldías de Buga (Valle del Cauca), Puerto Rico (Caquetá), Piamonte (Cauca), Villa de Leiva (Boyacá), Montelíbano (Córdoba), Consacá (Nariño), El Espinal (Tolima), Repelón (Atlántico), y las administraciones de los municipios de Itagüí, Argelia, Támesis, Barbosa, Maceo y Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia.
Según lo informó, a través de un comunicado, el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, “los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”.
Las aparentes irregularidades habrían quedado evidenciadas por un análisis de datos que hizo el organismo de control sobre los aportantes de las campañas de 2019 que superaron el tope y que ahora está inhabilitado para suscribir contratos.
“Este segundo paso nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de $620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de $5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, manifestó el Procurador.
También están bajo la lupa las gobernaciones de Vichada, Atlántico y Boyacá, las cuales en conjunto con las alcaldías alcanzaron un monto en contratación por cerca de $6.000 millones con 18 financiadores de campañas políticas.