Gobernador Monsalvo y 3 alcaldes del Cesar en el ´ojo´ del huracán

En una tercera rueda de prensa conjunta, entre la Contraloría General de la República, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, en el marco de la estrategia ‘Transparencia para la Emergencia’ se anunciaron nuevos procesos contra el gobernador del Cesar y las alcaldías de El Copey, El Paso, Chiriguaná y Aguachica, relacionadas a sobrecostos en la adquisición de kits de mercados para familias vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria.

En tal sentido, el contralor General de la República, Felipe Córdoba, anunció que fue abierta una indagación preliminar a la Gobernación del Cesar por presuntos sobrecostos en el Contrato No. 2020-09-0015 del 26 de marzo de 2020 suscrito entre el Departamento del Cesar – Secretaría General- y Credimercar CD S.A.S., por un valor de $2.202.840.000, con el objeto de adquirir kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

 En la información que se reporta para el contrato, no se suministra el precio por unidad de los ítems descritos en el kit de mercado. El análisis realizado a este contrato se hizo tomando como referencia los precios de las grandes superficies, que corresponde a $ 83.362. Para el análisis se incorporó el 10% por concepto transporte y logística del costo kit de grandes superficies, el cual corresponde a $ 8.336, obteniendo un valor total kit grandes superficies de $ 91.699, de donde se derivan presuntos sobrecostos por kit de $34.301, que corresponden al 37,4%.

El segundo proceso de indagación preliminar iniciado a la Gobernación del Cesar, es sobre el  posible sobrecosto en el Contrato 2020-09-0016 del 26/03/2020 suscrito con Inversiones Merk Jagua S.A., por valor de $1.350.620.000, con el objeto de adquirir productos para kits de mercados.

En la etapa precontractual, la Gobernación solicitó cotizaciones para los estudios económicos o de mercado recibiendo tres opciones. Sin embargo, no se evidencia el respectivo promedio de precios para ajustar el presupuesto oficial a utilizar en esta compra. Se toma como referencia información aportada por uno de los cotizantes. En la etapa contractual, fue imposible determinar el valor individual del producto y el número que se entregaría por kit, ya que su presentación se realiza de manera global sin identificar la marca y presentación. Al realizar un ejercicio comparativo frente a precios del mercado, tomando como referente información de grandes superficies, se determinó un presunto sobrecosto del 21% teniendo como referencia 7 de los 10 productos que conforman los kits, informó el Contralor.

PROCESOS A LAS ALCALDÍAS

Con relación a las diligencias adelantadas en las alcaldía, el contralor, Felipe Córdoba, informó sobre la indagación preliminar a la Alcaldía El Copey (Cesar), por  sobrecosto en la celebración del Contrato de Prestación de Servicios No. 106, por un valor de $250.000.000, suscrito entre el Municipio de Copey y la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos – Fudsocial, cuyo objeto era la operación del programa de atención especial domiciliaria a adultos mayores de escasos recursos y población vulnerable en estado de aislamiento obligatorio, dentro de las medidas adoptadas para la prevención del contagio del Coronavirus.

La segunda dependencia, es la  Alcaldía El Paso por la celebración del Contrato No. PS-095-2020 con la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos Fudsocial, para el “suministro de ayudas humanitarias a la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante Decreto No. 032 de 26 de marzo de 2020; para la prevención manejo y control del coronavirus”, con un valor de $341.820.000. Teniendo en cuenta los precios del mercado y los análisis remitidos, se encuentra que el contrato PS-09-2020 presenta sobrecostos superiores al 18%.

La Alcaldía de Aguachica , también está siendo investigada por sobrecosto con la suscripción del Contrato No. 055 de 03/04/2020, suscrito con Mechans Group Sas Zomac, por valor de $755.998.920, cuyo objeto es la adquisición de 6.000 mercados para la atención de la población vulnerable y adulto mayor en el municipio.

En el análisis comparativo de costos de los productos incluidos en los kits referenciados contractualmente con los precios del mercado, los contenidos en las bases del DANE y en los registros de las grandes superficies, se pudo determinar que se presenta un presunto sobrecosto del 13% respecto del valor del costo directo establecido en el contrato de suministro. Dicho porcentaje corresponde a una suma de ($ 92.812.740) incluyendo en el análisis los costos asociados de la logística y transporte, que no quedaron pactados contractualmente.

Adicionalmente, conforme la información contenida en el “certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos”, expedido por la Cámara de Comercio de Aguachica, donde Certifica el Objeto Social de la empresa Mechans Groups Sas Zomac, es posible establecer que no tiene competencia específica para realizar el suministro al por mayor o menor de alimentos preparados y conservados o de compraventa de alimentos preparados y conservados.

Entre tanto, a la Alcaldía de Chiriguana, la CGR, a través de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial en cuantía inicial de $24.764.889, en la ejecución del contrato de suministro 002 de 2020 del 25 de marzo de 2020, por valor de $228.913.080, suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y Saúl Téllez  Pabón, para el suministro de ayudas humanitarias (paquetes nutricionales) a familias vulnerables.

ACCIÓN DE LA PROCURADURÍA

Por su parte, Fernando Carrillo, procurador General de la Nación,  informó que el ente de control avanzó en la priorización de  2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas  de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca,  el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío.

Como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

La Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios.