Diario del Cesar
Defiende la región

Las disidencias, el nuevo reto del Estado

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Están regadas por todo el territorio nacional con diferentes nombres, pero terminan siendo más de lo mismo que teníamos. En algunas zonas les denominan bandas criminales, en otras reductos, en ciertos sitios le asignan nombres de organizaciones como para distraer a la opinión pública, pero como bien lo dice un refrán popular, ´la mona aun cuando de seda se vista, mona se queda´.

Hay que tener claro que no todos los actores armados ilegales que negociaron con los gobiernos de Uribe (las autodefensas) y de Santos (la guerrilla de las Farc)  se desmovilizaron efectivamente y que aquellas facciones residuales que no aceptaron dicha ruta se fueron a seguir delinquiendo y no pudieron ser neutralizadas a corto plazo.

Hoy vemos a un estamentos militar como medio maniatado, y en esa condición vienen desde el Gobierno anterior, con poca capacidad de respuesta y de acción frente a las organizaciones criminales.

Por eso desde las regiones se pide a gritos a los estamentos militares y policiales  tomar el control permanente y eficaz de las zonas en donde operaban los grupos terroristas para evitar así un reciclaje de la violencia por parte de los disidentes, otras organizaciones subversivas que no hicieron parte de la generosidad con la que se negoció la paz así como distintos fenómenos de delincuencia organizada o común que, como se dice popularmente, quieren ‘pescar en río revuelto’. Y, por último, que la institucionalidad, haciendo todo el uso legítimo de la fuerza y la preeminencia de la autoridad, pueda asegurar para el Estado el monopolio absoluto de las armas.

En cuanto a desmovilizar o reducir por la fuerza a todos los actores armados ilegales, o al menos a las guerrillas, es evidente que entre un diez o quince por ciento de la facción que firmó el pacto de La Habana se apartó del proceso y siguió en el monte, al tiempo que el Eln continuó operando en todo el país, asociados unos y otros con las bandas criminales emergentes (derivadas de los paramilitares no desmovilizados en el mandato Uribe o reincidentes) así como con los carteles del narcotráfico locales y mexicanos. Sobre la segunda condición, está más que diagnosticado que las Fuerzas Militares, la Policía y demás organismos de seguridad estatal fallaron en retomar el control de las áreas de donde salieron los más de seis mil hombres-arma de las Farc que se desmovilizaron, dando lugar a que el Eln, las Bacrim y las organizaciones narcotraficantes entraran a competir por adueñarse de todo el espectro criminal local y regional en materia de narcocultivos, microtráfico, minería ilegal, contrabando de armas, secuestro, extorsión, préstamos ‘gota a gota’ y otros fenómenos criminales de menor espectro. Y, por último, está probado que el volumen de los arsenales bélicos que continúan en manos de las facciones delictivas es todavía muy grande, razón por la cual la entrega de armas por parte de las Farc tuvo un impacto menor al esperado en cuanto a disminución de picos de violencia.

Visto todo lo anterior, es palpable que el acuerdo de paz firmado con las Farc no sólo dividió al país, sino que fue claramente ineficiente, ya sea por la debilidad estatal en la mesa de negociaciones para exigir y conseguir un completo desarme de esa guerrilla, o porque el Estado no supo reaccionar a tiempo al fenómeno de las disidencias subversivas.

Sin embargo, con el pasar de dos años -y con el silencio casi cómplice de la cúpula desmovilizada- esos grupos residuales no sólo se evidenciaron como más numerosos, sino que sus cabecillas resultaron ser los ‘capos’ que manejaban los frentes más activos en materia de narcotráfico. Hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos son los disidentes.

Aunque la Fuerza Pública ha asestado duros golpes a las disidencias, es claro que estas se convirtieron ya en el principal problema de orden público en el país. Un problema que, como se dijo al comienzo, no es un fenómeno delincuencial nuevo, sino una consecuencia de un acuerdo de paz accidentado, insuficiente y que incumplió peligrosamente las tres premisas básicas para concretar una etapa real de posconflicto