Diario del Cesar
Defiende la región

Una queja a destiempo que no encontrará eco

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En múltiples ocasiones se ha escuchado la queja del alcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía y las voces de otros gremios en el sentido de que la capital del Cesar es el albergue de los peores delincuentes del país, toda vez que son alojados en el centro Penitenciario de Mediada y Máxima Seguridad, conocido como ´La Tramacúa´.

Y en el más reciente pronunciamiento del burgomaestre vallenato delante la ministra de Justicia que estuvo la semana pasada en Valledupar, el Alcalde se quejó una vez más en el sentido de que ´Valledupar no puede seguir siendo la cloaca del Inpec´. Desde luego que el sentir del Alcalde es muy diferente al del Gobierno nacional, el cual se apoya en que para eso se construye la cárcel, no para alberga a angelitos, sino para confinar a los peores criminales que han cometido los más graves delitos así sentenciados por la justicia, y otros que en razón a su peligrosidad y el enorme daño que pueden cometerle a la sociedad, deben estar en un establecimiento que como ´La Tramacúa´ es inexpugnable y le da tranquilidad a la autoridad penitenciaria del país, a la justicia, e inclusive a la misma sociedad que quienes han delinquido deben pagar por sus culpas.

Lo que ocurre es que la construcción de ´La Tramacúa´ resultó ser un regalo envenenado para Valledupar. Cuando se anunció la ejecución del proyecto  nadie salió a advertir lo que hoy se está viviendo, ni nadie hizo objeciones sobre las que hoy se pronuncia el señor Alcalde.

Ahora bien, los centros penitenciarios de máxima seguridad se construyen para que recluir en ellos a quienes cometen aquellos delitos que causan un grave daño a la sociedad y a los que la justicia les aplican las más altas condenas y sanciones que dispone nuestro ordenamiento jurídico. El debate debió darse al inicio del proyecto y no cuanto ya es un realidad, pero además, el Gobierno a través del organismo rector de las cárceles en el país continúa haciendo inversiones para mejorar sus instalaciones y aumentar su capacidad instalada en aras de superar el hacinamiento carcelario que se vive en la Nación.

Lo que sí debiera atender la Ministra de Justicia y el propio Inpec a través de su Oficina de Servicios Carcelarios es el clamor de la administración municipal por destinar con urgencia los recursos que demanda la Cárcel Judicial para adelantar en ella las obras necesarias con las cuales se puedan superar la infinidad de problemas que tiene, entre ellos, el de la superpoblación carcelaria, los deficientes servicios sanitarios, médicos y de resocialización de los internos.  Sabido es que el municipio no cuenta con los recursos indispensables para atender las necesidades que hoy demanda la Judicial la que a través de los años ha acumulado innumerables problemas pendientes por resolver.

Lo que sí sería oportuno es que la bancada parlamentaria del Cesar se apropie del angustioso llamado hecho por el Alcalde al Ministerio de Justicia y al Inpec, para que se consigan las partidas económicas con las que debe atender a la Cárcel Judicial. Quisiéramos ver a los senadores y representantes a la Cámara trabajar en esa dirección, porque entre otras cosas, en la cárcel también hay votos.