Las ´ías´ llegan a la Gobernación del Cesar y asustan a Monsalvo
La inspección obedece a las actuaciones preliminares, que ordenaron los entes de control para verificar la legalidad de la suscripción de los contratos. La Procuraduría recientemente solicitó al Gobernador del Cesar suspender la liquidación de los contratos.
El caso de las denuncias por presunta corrupción en la Gobernación del Cesar en medio de la pandemia, pica y se extiende. Y es que ayer en horas de la mañana una comitiva de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, llegaron por sorpresa al Palacio de Gobierno Departamental en busca de material probatorio en el caso.
Estas acciones se ejecutan dentro de las indagaciones preliminares que están adelantando los tres entes de control, sobre 37 contratos y dos adiciones por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
Los funcionarios llegaron en compañía de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y la comitiva fue liderada por la directora seccional de Fiscalías, Lucy Vidal. La visita se registró a las 9:00 de la mañana y por varias horas los funcionarios permanecieron dentro del edificio, donde se conoció que la primera inspección se llevó a cabo en la oficina de la Secretaría General.
Recientemente la Procuraduría anunció el inicio de una indagación preliminar al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández, en la suscripción de los contratos para la entrega de los mercados a las familias vulnerables durante la emergencia sanitaria.
El proceso involucra además a los diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, a quienes los señalan de hacer política durante la entrega de las ayudas, calificándolo como una posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.
EL SOBRECOSTO
Por su parte, la Contraloría General de la República detectó un posible sobrecosto en el contrato CD-SGR-0571-2020 del 26/03/2020 suscrito con Fundación Visión Caribe para adquisición de 2.900 kits mercados.
En el valor total de los kit del contrato, se presenta una diferencia entre el valor del acuerdo suscrito ($367.140.000) frente a precios referencia de Colombia Compra Eficiente ($268.090.790), con un presunto sobrecosto de $99.049.790, correspondiente a 37%. La canasta de bienes del kit es de 13 productos, de los cuales 7 registran presuntos sobrecostos superiores al 40% con referencia a los precios de Colombia Compra Eficiente, y uno supera el 100%.
Otro de los polémicos contratos es el 2020-09-0013 del 26/03/2020 suscrito con Servicios Integrales del Caribe Colombiano, para la adquisición de 2.600 kits de mercados. En este caso, la actividad económica no está relacionada con la compraventa de elementos de abastecimiento alimenticio para lo cual fue contratado, su objeto social se encuentra asociado con: actividades de arquitectura e ingeniería, consultoría técnica, consultoría de gestión, actividades de apoyo a la agricultura y actividades de apoyo a la ganadería, afirmó la Contraloría General de la República.
También se incluye el presunto sobrecosto en el contrato No. 2020-09-08 del 26/03/2020 suscrito con Fundsocial, para adquisición de 3.200 kits de mercados para la atención de población vulnerable.
La Contraloría General de la República detectó en estos casos, un presunto sobrecosto del 28%, es decir, $111.852.160, tomando los 9 productos que conformaron el kit a entregar. Esta comparación corresponde al referente Colombia Compra Eficiente.
Por otra parte, el ente de control, hizo referencia a un hallazgo adicional en el contrato 2020-09-0012 con Granero La Delicia de La Paz, para la compra de 2.400 kits de mercados. Adicional a ello, en el municipio Curumaní la Contraloría General detectó un posible sobrecosto en el contrato No. 93-2020 del 30/Marzo/2020 suscrito con Sindry Milena Peña López para el suministro de 2.000 kits de mercados.
Así como también se evidenció irregularidad en el contrato de suministro 002 de 2020 del 25 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y Saúl Téllez Pabón, para el suministro de ayudas humanitarias a familias vulnerables. El sobrecosto es de $40.519.200.
SUSPENDEN LIQUIDACIÓN
Adicional a estas acciones, recientemente la Procuraduría solicitó al gobernador Luis Alberto Monsalvo, suspender la liquidación de los referidos contratos hasta verificar su correcta ejecución.
La Procuraduría instó al mandatario regional a pedirle a los contratistas los soportes sobre la inversión, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte. Sin la entrega de toda la información el ente territorial no podría liquidar los contratos y expedir los paz y salvo a los contratistas.
“ACTUANDO MÁS RÁPIDO DE LO QUE ELLOS CREEN”: FISCALÍA
Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, manifestó que en estas investigaciones se mostrarán resultados, porque muchas veces la gente no está enterada de que “algunos personajes nefastos están haciendo de las suyas con nuestros recursos públicos; muchos quieren pistas de lo que se viene trabajando. Nosotros no estamos dando pistas de nada, estamos actuando más rápido de los que ellos creen a través de una buena estrategia con la Contraloría y la Procuraduría, llamada Transparencia para la Emergencia”.
Los directores de seccionales son los satélites de la Fiscalía General de la Nación en los territorios, en el Cesar se ha hecho un trabajo muy importante, se está avanzando en la revisión de las inversiones de los recursos en materia de salud y evitando que los recursos públicos sean desviados a temas distintos a la emergencia manifiesta por el Covid-19. En este caso se incluyen la Gobernación y Alcaldías.