El colmo: ‘piques’ de motos en plena cuarentena
En plena cuarentena, jóvenes residentes en la urbanización Nando Marín realizan piques ilegales y ‘maromas’ con motos.
Aunque el Gobierno Nacional ha dejado claras las 41 excepciones para transitar en la vía pública en el período del aislamiento preventivo obligatorio, muchas personas han decidido pasarse por la faja el decreto presidencial y siguen exponiéndose a un contagio del COVID-19.
Si bien, muchos han salido y han expuesto su salud movidos por el hambre y necesidad en esta época difícil; otros, simplemente, lo hacen por diversión e incluso, realizando actividades prohibidas bajo cualquier circunstancia.
De estos últimos se quejan vecinos de la Urbanización Nando Marín, al sur de Valledupar, quienes dicen estar cansados de ser testigos de la irresponsabilidad de cerca de 50 jóvenes que noche tras noche salen a la avenida principal del sector para realizar ‘piques’ y maromas en moto.
Esta actividad ilegal no solo pone en riesgo la vida de los propios protagonistas, sino que amenaza la tranquilidad de los ciudadanos y de quienes se movilizan por esta vía, ya sea en motocicleta o automóviles.
“El otro día casi un muchachito de esos se estrella con un taxi, y otro, también casi se lleva una moto que venía de hacer un domicilio. Era un problemón, porque se pudo matar él o matar al otro”, indicó un morador quien pidió reserva de identidad.
Según uno de los habitantes que denunció el hecho, aunque la policía frecuentemente vigila la zona, los infractores se las arreglan para ‘desaparecer’, como por arte de magia, al avistar las patrullas policiales.
Las acrobacias y carreras, de por sí prohibidas en vía pública, son acompañadas por un gran número de jóvenes que violan la cuarentena, sin protección y exponiéndose al contagio por el coronavirus.
“El llamado es a las autoridades para que ejerzan mayor control y vigilancia en horas de la noche”, explicó el denunciante.
Cabe recordar, que según el artículo 368 del código penal “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.