Diario del Cesar
Defiende la región

La descomposición de una sociedad enferma

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La sociedad colombiana está cayendo en el peligroso juego de que los bandidos y criminales son las instituciones legitimas que representan el Estado Social de Derecho y están legitimando que son válidos los comportamientos, eso sí criminales y delincuenciales de quienes se arropan en la mal llamada protesta social para cometer no solo actos de barbarie, sino actos delincuenciales, actos con el propósito concebido de causar daño. Y resulta que esas manifestaciones terminan siendo incitadas y ponderadas por quienes desde las redes sociales se atrincheran para alentar a los jóvenes que hacen de idiotas útiles en servirles a oscuros intereses y propósitos muchas veces con tintes politiqueros, y otras para reverdecer las distintas formas de lucha en las que siempre se han movido alentados por su único y obsesivo principio de ascender al poder como sea.

Aquí debemos dejar bien claro que la sociedad buena, sensata, aquella que está con los principios de la racionalidad, condena, rechaza y aborrece el criminal comportamiento que tuvieron los dos policías que a punta de descargas eléctricas le causaron la muerte al abogado Ordóñez. Jamás una sociedad podría apadrinar o celebrar un hecho de ese tamaño como el que pudimos apreciar en las imágenes de televisión. Pero resulta que una sociedad sensata  no puede responder con otro hecho tal vez más criminal que el primero por el simple y ramplón concepto de que la gente estaba indignada. No. No y No. Pensar así es el fiel reflejo de una sociedad enferma como la nuestra, que vive en una permanente descomposición social y lastimosamente escucha y le da audiencia a unos personajes siniestros que alentados por el odio que anidan en sus almas, son capaces de llevar, como se dice en el argot popular, a unos muchachos al ´matadero´. Porque eso fue lo que hicieron, alentar la protesta, llevar a los jóvenes entre los cuales se colaron criminales y delincuentes expertos y dedicados al caos y el desorden, para que se enfrentaran con la fuerza pública que en la medida de lo posible y representando al Estado Social de Derecho y a la sociedad misma, se defendían de esos feroces ataques que amenazaban en muchos casos con prenderles fuego a los mismos policías. Aquí no se trata de justificar si la defensa de los policías que fueron atacados estando en sus estaciones fue legítima o no. Aquí lo único cierto es que en medio de los disturbios diez personas perdieron la vida, diez jóvenes que no podrán nunca más volver a sus hogares. Y eso nunca debió ocurrir

Aquí, y para que no quepa la menor duda, defendemos las instituciones del Estado sobre las cuales reposan los cimientos de la democracia. Aquí no vamos a ser dubitativos con el género y gerundio.  Aquí le llamamos al hecho del exceso de la fuerza policial como debe ser, un crimen. Y fue un crimen lo que cometieron los dos uniformados. Y la respuesta de quienes se indignaron y protestaron, fue también otro hecho criminal, descomedido, de bandoleros, que destruían todo lo que encontraban a su paso, así fuera matando también.

La muerte de Javier Ordóñez a causa de hechos que involucran a integrantes de la Policía Nacional reclama el rechazo a los abusos  y pone sobre el tapete todas las reformas que se quieran inventar para la Policía Nacional. Otra cosa es que se dé paso al vandalismo y la violencia desatada por unos delincuentes que no fueron a protestar porque estaban indignados, sino a cumplir un libreto en el que lo primero que se busca es desestabilizar al Gobierno y atacar a las instituciones para buscar su debilitamiento

Ahora bien. La sociedad debe detenerse frente a  otro aspecto aún más preocupante: el uso de las redes sociales para incitar al odio y llamar a los desmanes, mientras un dirigente político de reconocida trayectoria animaba al desorden. Asqueroso y apátrida. Como no son los hijos de él los que lleva al ´matadero´ deja sentado su desprecio por la vida de los demás.

Hoy en día la tecnología ha hecho posible que cualquier ciudadano capte en su teléfono cualquier hecho y lo difunda a través de las redes sociales y los recursos que ofrece el internet. En ese nuevo escenario, aumentado por las cámaras de seguridad instaladas por las autoridades, están los vídeos que muestran lo ocurrido con el señor Ordóñez y la inmensa mayoría de los hechos de vandalismo o de abusos de autoridad que dejaron el triste y repudiable saldo de muertos que debemos lamentar.

No es extraño y por el contrario es saludable que la sociedad proteste contra actos cometidos por la autoridad y que pueden ser considerados como abusos o desconocimiento de los deberes a su cargo. Ese es un derecho fundamental e inobjetable que el Estado debe respetar y proteger en un país democrático como Colombia.

Pero también es cierto que debe responder contra la violencia que pretende sembrar el caos, empezando por el vandalismo que en algunos movimientos políticos se pretende legitimar e impulsar bajo la mampara de la cacareada ´protesta social´ que ha terminado siendo un convite al delito y la anarquía.

Lo ocurrido en los últimos días llama a una reflexión profunda y a resultados inmediatos que mantengan ante todo la respetabilidad de las instituciones a las cuales se les encomienda la salvaguarda de la tranquilidad en Colombia. Y a un liderazgo firme y actuante para reconocer las responsabilidades que sean del caso, para corregir lo que deba ser corregido en la Policía Nacional, para asegurar el respeto del derecho a la protesta y para desterrar el vandalismo y la violencia insensata. Pero además, a que le caiga todo el peso de la ley a los promotores del caos, a los que les interesa sembrar el fanatismo al amparo de hechos criminales y pescar en río revuelto.

A los jóvenes de hoy, a los ciudadanos del común un mensaje: ustedes puede protestar por los que se le venga en gana. Pero deben respetar la autoridad, deben acatar la ley, no pueden atentar contra la propiedad privada ni los bienes públicos. La primera tiene  dueño, y ese dueño la defiende si es posible hasta con su propia vida y para ello está en su legítimo derecho de hacerlo. Y para lo segundo es la autoridad la que por mandato constitucional tiene la obligación de impedir que la horda de vándalos y criminales que siempre vemos en las imágenes de las protestas, acaben destruyéndolo todo.

La indignación la vivimos todos los colombianos a diario. Y se nos presenta de diferentes maneras. Pero no por ello debemos llevar al país al despeñadero, salvo que quienes promueven la irracionalidad, acarician la ambición de poder a través de la violencia, le terminemos dando licencia para que nos destroce la Nación. Eso es lo que buscan y es lo que no debemos permitir.