Los bancos se hacen los de la vista gorda
Hace 20 años fueron los colombianos los que salieron a salvar al sistema bancario y financiero del país. Debido a la grave crisis económica de la época, el entonces presidente Andrés Pastrana Arango se inventó el impuesto dos por mil, pagado por todos nosotros los contribuyentes para evitar la quiebra de los ricos banqueros. Dos décadas después, este mismo sector le está dando la espalda a los mismos colombianos que ayudaron a salvarle de la ruina.
Muy a pesar de las disposiciones y normas legales expedidas por el Gobierno, a los bancos les resbala. Las desatienden. No les importa. Siguen en su afán agiotista para enriquecerse mucho mas, como efectivamente lo demuestran sus robustas ganancias.
Las primeras cifras y previsiones acerca de la crisis económica provocada por el coronavirus indican que muchos países están entrando en recesión y Colombia no escapará a ello. Las economías donde la población está confinada trabajan a un 50% o menos de su potencial y, con la difusión de la enfermedad por todo el mundo, los polos de crecimiento se van apagando. La economía china fue la primera en resentirse, ahora le sigue Europa y se espera que en Estados Unidos con la extensión de la cuarentena se dará un descenso paulatino en la actividad hacia el segundo trimestre de este año. Y si a ellos les está dando la gripa, ya en nuestros países tenemos tuberculosis.
El sector bancario y financiero en Colombia se ha sentido intocable. Tiene la costumbre de sobornar financiando campañas políticas y a punta de lobby en el Congreso consigue las prebendas que les viene en gana. Por eso, en estos momentos en que el país sufre, sería bueno que desde el legislativo se comenzará a enderezar el camino y ajustar las ecuaciones.
Las particularidades del mercado laboral colombiano hacen que la crisis sanitaria y sus consecuencias de confinamiento tenga unas connotaciones complicadas. En Colombia participan en el mercado laboral formal muchas micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo en el sector de servicios (excluyendo a los bancos y las grandes superficies), y algunas grandes. También hay una alta informalidad (50 % de los trabajadores trabaja en actividades informales) y las cesantías son un recurso limitado como seguro de desempleo.
La crisis en Colombia está agravada por la caída del precio del petróleo; de otro lado, no todas las empresas tienen ahorros y no se pueden sostener si no tienen ventas o ingresos normales por el confinamiento. Son muy vulnerables y lo son más aún sus trabajadores. También la crisis golpea a los trabajadores informales que no tienen ninguna protección.
Se espera un impacto fuerte que aumenta la informalidad y la pobreza, con mucha gente sin ingresos. Es necesario, en la medida de lo posible evitar que eso se produzca. Para el sector formal, la legislación que ha producido el gobierno quiere mitigar los despidos y ha dado a las empresas la alternativa del trabajo en casa, vacaciones anticipadas, colectivas o jornadas flexibles, como una forma de conservar el empleo.
Sin embargo, esa es una medida de mediano plazo y no resuelve el problema de algunos trabajadores que no puedan ser reenganchados al finalizar la emergencia. El desempleo juvenil y, en mayor medida el de las mujeres, se agrava en la coyuntura y se posterga su solución. Los trabajadores en el limbo se deben apoyar con programas sociales y de formación ante la precariedad del ahorro de las cesantías, porque de todas formas va a darse la mortalidad de empresas.
Es necesario que el Gobierno intervenga al sector bancario para que no termine estrangulando el aparato productivo del país. No dejarle al sistema a su libre decisión si otorga créditos o no. Deben de otorgarlos con el respaldo de la Nación y punto. Ahí tienen al Fondo Nacional de Garantías repotenciado con 70 billones de pesos para ello.
Por lo tanto, de nada le sirve al Gobierno Duque el anuncio de tantas normas y medidas, si por un lado las expide, y por el otro, los bancos y el sector financiero se burla de ellas, como es lo que está ocurriendo. Ahora, se requiere también del concurso de los empresarios para que denuncien, así sea de manera anónima, los atropellos de los que vienen siendo víctimas por parte de los bancos. Si no lo hacen, no se conocerá los atropellos de que son víctimas.