Vamos en el camino correcto, pero se necesita más

La prioridad del plan de contingencia que está activando Colombia para hacer frente a la epidemia del Covid-19 debe ser la coherencia de las medidas de índole nacional, departamental y municipal. Y en ese orden de ideas, la línea de acción debe ser marcada por la Presidencia de la República y aplicada de forma diligente por los gobernadores y los alcaldes. Y creemos que vamos en el camino correcto, aun cuando nos hace falta más.

Esta premisa es necesario recalcarla frente a lo ocurrido en los últimos dos días en donde se evidenció que algunos mandatarios seccionales y locales tomaron distintas medidas para afrontar la expansión del brote epidémico. Por ejemplo, en varios departamentos y municipios se decretaron acciones unilaterales que iban desde la ley seca, el toque de queda, restricciones de otra índole a la movilidad poblacional así como al funcionamiento de los comercios y otros sectores de generación de bienes, productos y servicios.

Un escenario de contagio del Covid-19 en el país del 2.68% es el que estima la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, lo que representaría un total de 3.989.853 personas que podrían, -en el peor de los escenarios, contraer el virus-, pero la gran mayoría, el 81.5% serían casos leves.

Así está reseñado en el decreto por medio del cual, y acogiéndose al artículo 215 de la Constitución, el presidente Iván Duque declaró la emergencia social y económica en el país para adoptar medidas que le permitan enfrentar con éxito la pandemia, que a hoy registra 93 casos en todo el país y que firmado el 17 de marzo se publicó este miércoles.

No obstante el 2.6% de la población colombiana serían 1.300.000 personas, lo cual es un tercio de la motivación que trae a cuento el decreto. Sin embargo, con base en esa proyección de 3.898.853 de posibles contagios, el Gobierno ha dictado los mecanismos de emergencia para acopiar la mayor cantidad de recursos posibles en el peor de los casos de la pandemia en Colombia.

Al mismo tiempo, en la motivación del Decreto de Emergencia Económica y Social, se dice que a hoy en el mundo la tasa de contagio, en los países más afectados, es del 0,026%. En ese sentido, sostiene la misma normativa, que Colombia podría estar llegando a 13.097 casos.

La proyección establecida en el Decreto indica que la población colombiana con mayor riesgo de afectación sería de un 34.2% y ésta se establece sin que hubiera intervención alguna en la salud pública.

En el misma motivación se señala que de esos potenciales contagios, el 81.5% serían casos leves, mientras que el 4.7% serían crìticos y un 13.8%, severos.

Sin embargo se espera que estas cifras sean mucho menores si las medidas de contención de la pandemia tienen éxito y que se basan prácticamente en responsabilidad personal y el aislamiento social.

A los efectos de minimizar los contagios en el país, el gobierno del presidente Duque ha dispuesto, entre otras medidas, cuarentena inmediata y obligatoria para los mayores de 70 años hasta el 31 de mayo.

Obviamente es entendible la urgencia de los gobernadores y alcaldes por aplicar estrategias que eviten que en sus respectivas jurisdicciones la curva de contagios del también llamado coronavirus se dispare de forma alarmante. Sin embargo, no resulta conveniente que medidas de alto contenido restrictivo para la cotidianidad de la ciudadanía se tomen de forma unilateral en las regiones, ya que su efectividad termina siendo relativa. Por ejemplo, no tiene mayor lógica que mientras en algunos departamentos opera el toque de queda y otras medidas que limitan la movilidad de las personas, en los vecinos no se está aplicando esa misma estrategia. De esta forma, el objetivo primario de limitar una posible cadena de contagio se difumina infructuosamente.

De esta forma, decisiones tales como toques de queda y otro tipo de medidas drásticas para afrontar el Covid-19 deben ser delineadas obligatoriamente por el Ejecutivo central y coordinadas luego con las regiones, según sea el caso y su procedencia. Hay que ser realistas: de poco sirve que un grupo de municipios entre en toque de queda si su respectiva capital departamental no está aplicando la misma prohibición de tránsito vehicular y de personas en vías y espacios públicos. Por el contrario, dicha disparidad de criterios puede generar que la población que se vea afectada por lo que rige en un territorio y no en otro adyacente termine protestando o acudiendo a otros medios de facto, que es lo que menos se necesita en medio de la delicada situación por la que atraviesa nuestro país. De hecho, ayer en algunas regiones se reportaban múltiples quejas de pobladores de determinados municipios que, ante las restricciones, se trasladaron afanosamente a otros en busca de alimentos, víveres y otros productos, generando tensiones que es urgente evitar en medio de un ambiente de temor e incertidumbre que crece cada día más entre la ciudadanía.

Si bien los gobernadores y alcaldes tienen autonomía para tomar decisiones en materia de restricción de movilidad y de control de orden público y convivencia ciudadana, el manejo de la emergencia sanitaria, de la cual estamos apenas en la primera etapa, requiere que el Gobierno Nacional sea el que dicte los lineamientos generales de los planes de contingencia y cómo estos deben ser aplicados en los departamentos y municipios, de acuerdo a la coyuntura y características puntuales de cada zona. Las medidas unilaterales a nivel regional podrían traer consecuencias nada positivas.