Con incidente de desacato buscan que alcalde Mello Castro ordene desalojos
El alcalde Mello Castro tendría que presentarse en el Tribunal Superior los días 16, 17 y 19 de marzo.
POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA
Ocho años de lucha y una historia que parece de nunca acabar, así se podría definir la situación que se presenta en Valledupar por la prórroga para efectuar la sentencia T-946 que ordena al municipio desalojar cuatro invasiones que se encuentran en 80 hectáreas propiedad del Mayor Alberto Pimienta.
Aunque Augusto Daniel Ramírez, exalcalde habría firmado el 29 de diciembre de 2019 la orden para efectuar el retiro de unas 7.000 familias el 4 de febrero 2020; Castro González en su calidad de mandatario, suspendió por tres meses la decisión mientras se encuentran favorables salidas a la situación.
No obstante, el Tribunal Superior de Distrito Judicial, ordenó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar tramitar un nuevo y actualizado incidente de desacato de la sentencia de tutela T-946 de 2011, en esta ocasión vinculando al actual Alcalde Mello Castro y de esa manera “obtener el cumplimiento del fallo de tutela”.
Además, el Tribunal habría decidido revocar la sanción impuesta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito mediante providencia del 2 de diciembre de 2019 al exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, para en su lugar no sancionarlo por desacato.
Frente a lo anterior y los nuevos lineamientos, buscan utilizar las medidas como instrumento apresurar a la autoridad competente a que cumpla con el fallo de tutela. Los predios a recuperar son Bello Horizonte Dos, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Brisas de la Popa.
“UN PACTO FRAUDULENTO RETRASA LA ORDEN”
DIARIO DEL CESAR conversó con el apoderado del Mayor Alberto Pimienta, el abogado Evaristo Rodríguez. Comentó que fueron citados a una preaudiencia para concretar la orden de desacato.
No obstante, resaltó que los retrasos se dan por el “pacto fraudulento que realizó Luis Alberto Monsalvo en septiembre del 2011, un mes antes de las elecciones que lo llevaron a Gobernador por primera vez”.
Explicó que no solo es la acción de tutela sino, los procesos penales que también estarían atados al funcionario por prometer a los residentes de las invasiones no removerlos del lugar una vez asumiera su rol de mandatario departamental.
Agregó el abogado: “Los Gneccos tienen bloqueados los cumplimientos de fallos de acción de tutela y solicitud penal. Hay una nueva audiencia el 16, 17 y 19 de marzo en Bogotá, está citado Mello Castro porque además tenemos prueba de que también se habría comprometido en campaña a formalizar los predios (…) “los mantendremos pacíficamente en los terrenos invadidos”, dijo textualmente el alcalde”.
Aclaró que tanto su apoderado como él continúan en la lucha para poder concretar la decisión y que además, son los más comprometidos en que se adelante y entregue el proyecto de 800 viviendas El Porvenir, que contó con un valor de $32.000 millones.
Recordó finalmente que la sentencia tiene prioridad con los desplazados quienes deberán ser reubicado en casas dignas y quienes no, desalojados sin garantías.