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Exalcalde Socarrás declaró en juicio contra ‘Tuto’ Uhía

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Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, compareció el exalcalde del municipio de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, y el exsecretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes, quienes rindieron indagatoria en el proceso que se adelanta en contra del exmandatario Augusto Daniel Ramírez Uhía, por presuntamente realizar actividades proselitistas en el 2011 cuando era candidato a la Alcaldía para el periodo 2012-2015.

Los dos únicos testigos que se presentaron ante el togado indicaron las razones por las que no se han logrado realizar los desalojos de los sectores de Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Guasimales, y qué paso en realidad con los albergues construidos por la acción conjunta de la Gobernación del Cesar, la Unidad de Víctimas o el Departamento Para La Prosperidad Social, DPS.

Según las declaraciones entregadas por Céspedes, las diligencias de desalojó no se ejecutaban por las acciones de tutelas que establecía la comunidad y así mismo porque primero se tenía que realizar un censo de la población, como segunda instancia se debía albergar o reubicar a las personas víctimas del conflicto armado y como tercera etapa realizar el desalojo.

“Los invasores presentaron una acción de tutela tres días antes de que se realizará la diligencia y con esto se suspendía la diligencia con la medida cautelar de la tutela (…) entonces por esto se nos hizo imposible realizar lo que eran los desalojos hasta que llegó la sentencia de la Corte Constitucional que es la T946 del 2011. La sentencia estableció unos parámetros más rígidos de acuerdo a todos los numerales que se presentaron y recuerdo que en el 2012 se trató de realizar una diligencia de desalojo de Los Guasimales y Tierra Prometida, pero estas no se lograron llevar a cabo porque un juez constitucional a través de un amparo constitucional ordenó la suspensión hasta que no se le diera cumplimiento a los fallos del Juzgado Segundo Administrativo y del Juzgado Segundo Civil del Circuito que solicitaban el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional”, declaró.

En secuencia el exsecretario de Gobierno de la administración de Fredys Socarrás Reales relató que la administración recibió la sentencia a mitad del año 2012 y en el estudio de la resolución se efectuaron algunos errores porque no entendían el paso a paso para cumplir la sentencia de la corte.

Por su parte, el exalcalde de Valledupar en el periodo comprendido del 2012 al 2015, que fue citado por la Fiscalía 5 Seccional afirmó que los albergues debían ser entregados en enero del 2016. “Se hizo la gestión muchísimas veces con el Ministerio de Vivienda junto con la Unidad de Víctimas. La administración Municipal tocó tremendamente las puertas para ayudar a resolver ese problema, se realizó la gestión de los albergues que fue un acuerdo tripartita entre la Gobernación del Cesar, la Unidad de Víctimas y la Alcaldía de Valledupar que logró la ejecución del proyecto en un 94% pero lamentablemente en el siguiente periodo administrativo se presentaron problemas por las asonadas y situaciones de orden público lo que generó el deterioro de lo que se había hecho”, señaló Socarras Reales.

Al mismo tiempo, el interrogado indicó que la Administración Municipal aportó para el desarrollo de los albergues dos mil millones de pesos para la ejecución de estos.

“Nosotros en el proyecto de los albergues queríamos darle las garantías a las familias desplazadas en materia tutelante de la sentencia de la Corte Constitucional. El trabajo se hizo con el departamento y la Unidad de Víctimas”, dijo.

Frente a esto, el togado estableció la continuación del juicio oral para el 20 de abril a las 9:30 a. m.