Diario del Cesar
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Pliego de cargos a exfuncionarios de la Supersociedades y Supersolidaria

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La Procuraduría tiene la lupa puesta en seis funcionarios de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) y la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), por presuntas irregularidades relacionadas con el mercado de libranzas.

Este viernes, el Ministerio Público anunció que se formuló pliego de cargos contra las exfuncionarias de la Supersociedades que responden a la superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia, Ángela María Echeverri Ramírez, y la superintendente delegada para la Inspección Vigilancia y control, María Isabel Cañón Ospina, quienes estuvieron en la entidad entre mayo de 2012 y marzo de 2015.

De la Supersolidaria, están bajo la lupa los exsuperintendentes delegados para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria entre marzo de 2011 y julio de 2015, Beatriz Duque Montoya, Juan Alberto Cortés Monsalve (encargado y en propiedad), Beatriz Elena López Ortega y Guillermo León Hoyos.

De acuerdo con la Procuraduría, a los exfuncionarios se les cuestiona por la presunta omisión en sus funciones de supervisión, inspección, vigilancia y control, a operaciones de compra y venta de cartera de libranzas relacionadas con asociados de cooperativas y accionistas de las sociedades comerciales Estraval y Elite International de las Américas S.A.S.

“Con este comportamiento los investigados habrían podido contribuir a que las conductas irregulares de los directivos de las cooperativas y sociedades citadas persistieran en el tiempo, se agravaran y finalmente culminaran con detrimento para numerosos inversionistas y para el buen orden económico y jurídico del país”, expresó el Ministerio Público.

Así las cosas, para la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública los entonces funcionarios de la Supersociedades pudieron desconocer lo dispuesto en los artículos 83 y 85 La Ley 222 de 1995 y los funcionarios de la Supersolidaria pudieron desconocer el numeral 4o del artículo 10 del Decreto 186 de 2004 y los numerales 2 y 4 del artículo 35 de la Ley 454 de 1998, entre otros.

El Ministerio Público explicó que los investigados podrán presentar su versión acerca de los hechos y solicitar o aportar las pruebas documentales o testimoniales que estimen pertinentes.

BOGOTÁ (Colprensa).