Se está cayendo solita
El reciente fallo de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP; negando que el ataque a la Escuela Superior de Guerra por parte de la guerrilla de las Farc era válido y amnistiable no solo ha causado indignación y estupor, sino que ha generado un sentimiento mayor de animadversión hacía dicho tribunal que sigue siendo sesgado a la luz de sus decisiones frente al conflicto armado que vivió el país con dicha organización terrorista.
Poco a poco, aquellos magistrados comprometidos con las Farc, apadrinados por ellas en el pasado, y que actuaron bajo sumisión y dinero de la extinta guerrilla, han venido cavando la tumba de la JEP. Ella se caerá solita. No habrá necesidad de empujarla, por cuanto quienes lo están haciendo son nada más ni nada menos, que sus propios integrantes.
A mediados de febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz le otorgó la amnistía a ‘Lulú’, la exintegrante de las Farc que burló los controles de la Escuela Superior de Guerra y se infiltró para obtener información que posteriormente fue usada para ingresar un carro con explosivos sin que los militares detectaran los planes de la entonces guerrilla. La Sala de Amnistía consideró en su decisión que “se trató de un acto de guerra de naturaleza amnistiable”. La providencia, que se encuentra en primera instancia, fue apelada por la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado al considerar que, a la luz del derecho internacional humanitario, se infringieron muchas disposiciones.
Joan Sebastián Moreno, abogado de la citada organización, explicó que, además de violar los principios de distinción y precaución, debe tenerse en cuenta que un carro bomba es prohibido por el DIH. “Es un artefacto que no distingue a quién ataca ni distingue a quién puede atacar. Otra decisión que se apeló y fue la negativa de tener a los militares como víctimas de ese atentado a los que les quitaron la calidad de víctimas”, sostuvo Moreno.
Según la JEP ésta consideró que “los militares eran un blanco legítimo y que los podían atacar bajo las circunstancias de estar en un centro de estudios superiores”. El ataque contra la Escuela Superior de Guerra fue concebido y ejecutado por la Red urbana Antonio Nariño de las Farc el 19 de octubre de 2006. ‘Lulú’, cuyo verdadero nombre es Marilú Ramírez Baquero, fue la encargada de la inteligencia y comunicaciones de esta facción de la guerrilla. No hay dudas que el fallo es una afrenta a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Lo más grave de todo lo hasta ahora conocido, es la sistemática negación que han expresado quienes encabezaban esa guerrilla de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los miles de secuestrados que tuvieron en su poder, ya fuera para lograr utilidades económicas o con propósitos de intimidación contra los colombianos y el Estado. Porque son secuestrados según la legislación internacional y nacional, así la JEP y esos cabecillas insistan en denominar como retenciones lo que cometieron, verdaderos atentados contra la dignidad de sus víctimas y el desconocimiento más aterrador de sus Derechos Humanos de que tenga memoria nuestra Nación.
Pese a los relatos de víctimas que como Ingrid Betancourt, el general Luis Mendieta, el policía Jhon Frank Pinchao y tantos otros dirigentes políticos y funcionarios del Estado, de los miles de ciudadanos del común que padecieron el tratamiento despiadado y atroz de sus victimarios, los integrantes de las Farc, para éstos últimos no existieron tales crímenes atroces. Por el contrario, según el dicho de quienes hoy son cobijados por la JEP, a esas personas les aplicaron medidas como amarrarlos a árboles, encerrarlos en campos de concentración, atarlos durante años con cadenas al cuello o desaparecerlos, para garantizarles su seguridad.
El acuerdo de La Habana no fue firmado para pisotear la verdad, desconocer la aterradora crueldad de las Farc contra seres humanos indefensos o descargar su responsabilidad en las víctimas de su infinita sevicia. Y con seguridad, quienes representaron al Estado en esa firma, tampoco estarán de acuerdo con el cinismo que confirma las dudas de la inmensa mayoría de la Nación y hace temer por el resultado final que puede llevar a la impunidad total. Todo lo anterior nos abre el espacio cierto de que como vamos, será necesario revisar lo que se tiene. No hay otra.