El Pacto de los gobernadores con el Gobierno Duque para despolitizar el sector salud
Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar dio su completo apoyo a la iniciativa que lidera el presidente Iván Duque en el sentido de despolitizar por completo el sector salud en el país.
El primer gran encuentro de los nuevos gobernadores del país con el Gobierno Nacional, que se dará entre jueves y viernes de esta semana en Cartagena, servirá para que se acoja el pacto para despolitizar el sector salud.
El mismo está fundamentado en dos aspectos: lograr un mecanismo pronto y concreto para el pago de las deudas a los hospitales, el cual fundamenta el Acuerdo de Punto Final en Salud; y la designación de los 931 gerentes de los mismos, para que se despolitice ese proceso.
El director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis, señala que “la Federación acoge el llamado del Gobierno Nacional a trabajar junto con los gobernadores en el proceso de elección de los gerentes de los hospitales públicos del país, de los cuales 25 son de tercer y segundo nivel y aproximadamente 112 de mediana complejidad”.
Precisó que tanto el presidente de la República, el Ministerio de Salud y la FND quieren apostarle a garantizar que los próximos gerentes sean personas idóneas, preparadas y líderes que trabajen por mejorar la calidad en la prestación de servicios en salud en Colombia.
La FND, además, por intermedio de los secretarios de salud departamentales, se comprometió a tener para septiembre todos los trámites que garanticen los pagos de las deudas del sector salud con respecto al Acuerdo de Punto Final.
“Así mismo, los secretarios de Salud departamentales se comprometieron con priorizar en su agenda de trabajo la implementación del Acuerdo de Punto Final, con el propósito de acelerar los giros y auditorias para dejar en cero las deudas acumuladas que históricamente tienen los departamentos y la Nación”, indicó el director de la FND.
El Acuerdo de Punto Final es una de las políticas principales del Gobierno Nacional, que significa poder resolver un problema histórico que ha puesto en aprietos a muchas PBS, aseguradoras del país y a prestadores de servicios de salud, situación que pone en riesgo la atención de los colombianos.
ALISTAN DECRETO
De otro lado el gobierno está a punto de definir el decreto para la puesta en marcha de la ley de punto final en las EPS del régimen contributivo de salud. Así lo anunció el ministro encargado de Salud, Iván Darío González.
Esta iniciativa empezó a desarrollarse el año pasado luego que se reglamentaran las deudas del sistema subsidiado, donde las diferentes entidades pasaron sus cuentas con el propósito de ser reconocidas.
El funcionario manifestó que “hay que pagarle a los empleados y las personas que trabajan en el sector de salud y el acuerdo de punto final busca esos pagos y mejorar la calidad”. Sostuvo que ya se están empezando a ver los resultados de ese trabajo contable, por los servicios médicos prestados.
“Para nosotros es muy satisfactorio decir que Barranquilla ya recibió $44 mil millones y ahora vienen todos los departamentos que tienen plazo hasta el 31 de diciembre, para salir a buscar que la Nación concurra en la deuda histórica que tienen”, dijo.
LOS DETALLES
El funcionario también precisó que este documento estará listo en los próximos días, teniendo en cuenta que se están definiendo unos detalles para garantizar la optimización de los recursos económicos del Estado.
“Ahora vamos avanzar en los presupuestos máximos, porque el acuerdo de punto final requiere de no repetición la cual es implementará mediante ese instrumento que vamos a lanzar en los próximos días”, manifestó.
Señaló que este sistema será la profundización de la ley estatutaria en términos de unificar el derecho a la salud “que tenemos los colombianos sin importar la fuente de financiación”.
“El acuerdo de punto final tiene un estimado de $7 billones, de los cuales tres billones de pesos son del régimen subsidiado y cuatro billones de pesos del régimen contributivo. Lo que está haciendo este Gobierno es saldando una deuda histórica y dejando en cero la deuda que tenía el Estado con la salud, para que esa plata llegue a los trabajadores y a los servicios con mejor calidad”, puntualizó.
REACCIONES
Los secretarios de Salud destacaron esta propuesta, tras señalar que se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
“Es un paso importante que se tiene que dar para ofrecer un servicio con calidad en los colombianos, teniendo un personal médico al que se le está pagando cumplidamente por su trabajo”, afirmó Patricia Chica.
A su vez, el secretario de salud del Meta, Ovidio Cruz, dijo que el acuerdo de punto final es la gran esperanza de los entes territoriales.
“Esperamos que con este sistema de salud se dinamice y exista flujo de recursos y hoy todos estamos trabajando para ellos. Depurar cuentas, auditar las mimas para volver efectivo el giro a los prestadores”, resaltó.
La secretaria de salud del Atlántico, Alma Solano, manifestó que el acuerdo de punto final funciona y destacó que la ciudad de Barraquilla lograra el reembolso de recursos importantes que suman unos 44 mil millones de pesos.
“Tenemos que trabajar por lograr que el punto de acuerdo final sea aplicable en los departamentos para jalar estos recursos que el Gobierno Nacional tiene dispuestos para invertir”, puntualizó.
La iniciativa pretende sanear el sistema financiero del sistema de salud colombiano, sin embargo, ha recibido varias críticas luego de su promulgación. Para no ir más lejos la Contraloría anunció que Frente al Acuerdo de Punto Final, estará realizando muestreo aleatorio de deuda reconocida, pagos realizados con fuentes propias y estado de la auditoría (valor auditado, valor reconocido, valor pendiente por auditar y monto pendiente de pago, producto de las auditorías de punto final contratadas por cada entidad territorial).
Además indicó que hará seguimiento a la suscripción de los contratos de transacción de punto final que deben realizar los entes territoriales con las EPS. Y habrá seguimiento a la suscripción de los contratos de auditoria de punto final que deben realizar estas entidades.