Desnutrición y desplazamientos de la etnia Chimila en El Copey

POR:
NINOSKA
REYES URDANETA

Alrededor de veinte niños con problemas de desnutrición y el desplazamiento de algunas familias, es el desalentador panorama que está viviendo la etnia chimila en el resguardo indígena IttiTakke, municipio de El Copey, Cesar, según lo expuso el alcalde Francisco Meza Altamar ante la mesa de trabajo con el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas, a cuyas instituciones pidió interceder a través de programas sociales que ayuden a mitigan la extrema pobreza que padecen.

Explicó el Alcalde de El Copey, que el problema de la etnia chimila se agudizó hace quince días, por el desplazamiento de una familia de un resguardo que se encuentra en el sector Miraflores, donde el abandono es evidente y la desnutrición galopa en cada uno de sus rincones.

La solicitud formulada a la directora nacional de Prosperidad Social, Susana Correa, es que se gestionen políticas sociales que ayuden a mejorar las condiciones de nutrición en el resguardo, donde hay más de veinte niños con signos de desnutrición evidentes.

La etnia está compuesta hoy día por 20 familias en su territorio ubicado en Corazones Abajo, un sitio destacado en lo turístico que ayuda al fortalecimiento espiritual, pero enfrentan una pobreza extrema que debe ser atendida con urgencia, afirmó Meza Altamar.

Dijo el alcalde que la última familia desplazada está compuesta por cuatro integrantes, a quienes se les cumplió con la ruta de atención establecida en la Ley 1448 y de más normas concordantes, pero se retiraron del municipio sin conocerse su destino hasta hora.

Informó que como primera acción a ejecutar por parte del Gobierno Municipal, esta semana se  realizará una jornada de salud en el resguardo y un acompañamiento cultural para que a través de la recreación se mitigue un poco la situación que padecen.

ALERTA TEMPRANA

Por otra parte, el alcalde de El Copey manifestó que recientemente realizó un recorrido por el resguardo indígena IttiTakke en compañía del comandante operativo del departamento de Policía Cesar, Teniente Coronel, Freddy Delgado y el comandante del Batallón de Artilleria La Popa Teniente Coronel, Henry Legisamón Galindo, como respuesta a la alerta temprana que recientemente hizo la Defensoría del Pueblo, que manifiesta la presencia de grupos armados al margen de la ley, sobre el sector de Chimila.

Este espacio entre la institucionalidad y la comunidad indígena fue liderado por la cacica Teodolinda Gatelbondo, representante de la etnia Chimila. “Le llevamos mensaje de tranquilidad a la población, que sepan que institucionalmente nosotros vamos a estar con ellos, que les vamos a acompañar; por ellos le solicité a la Cacica y al gobernador que permita que la institucionalidad haga presencia”, dijo Meza Altamar.

Dentro de los principales puntos a tratar por parte de la etnia Chimila estuvo la alerta temprana que hizo la Defensoría del Pueblo por la posible alteración del orden público en este sector, frente a la que manifestaron que como comunidad no cuentan con la organización de la guardia indígena, ni con los elementos básicos para la seguridad de su territorio, aclarando que la entrada de la fuerza pública debe ser autorizada por los líderes indígenas y que ellos como pobladores de este resguardo, son neutrales con cualquier grupo armado que llegue hasta allí, toda vez que quedan expuestos con el cambio de grupos que pasan por este lugar.

Entre las necesidades que tanto la Cacica y líderes indígenas expusieron al gobierno municipal, está la falta de inversión para proyectos productivos toda vez que carecen de fuentes de sustento, no cuentan con una escuela, servicios médicos ni puesto de salud, y requieren la construcción de dos puentes para atravesar el río que cruza por los caminos.

Por su parte, Ramón Rodríguez Andrade, director general de la Unidad para las Víctimas, explicó que la atención frente a estos procesos de desplazamientos, el primer respondiente es el ente territorial, posterior a eso, a medida que se van gestionando los recursos de esencialidad con las gobernaciones, la Unidad de Víctimas entra con sus mecanismos de atención a través de ayudas económicas.

La primera  actuación que debe tener esta comunidad es la declaración ante el Ministerio Público, argumentando los problemas que se están presentando en la comunidad por el tema de los desplazamientos y el proceso de articulación a través de los Comités de Justicia Transicional.

Destacó que en el Cesar hay un total de 344.277 víctimas, de las cuales el 94.5% son víctimas por desplazamiento forzado.