Más vigilancia y fiscalización y mayor intervención
Intervenir los precios de cualquier producto es una apuesta arriesgada para cualquier gobierno. Pero, como lo está demostrando la aplicación de esa medida en los medicamentos que se consumen en Colombia, puede ser una alternativa sana contra los abusos de la libertad de empresa y la larga y poderosa mano de la corrupción.
Excepto cuando esa decisión se toma debido a circunstancias excepcionales como una guerra o una crisis que impida el acceso a los artículos de primera necesidad, la atribución de intervenir los mercados fijando su precio significa ante todo la expresión de una voluntad política más cercana al populismo que busca ganarse el favor popular y a la intención de desconocer derechos adquiridos con ajuste a las leyes y a la democracia. Pero hay momentos en los cuales el afán de lucro desmedido se convierte en enemigo de la sociedad, obligando al Estado a actuar para defender el interés público de la amenaza que eso significa.
Así lo han hecho los gobiernos colombianos de tiempo atrás con los medicamentos muchos de los cuales cayeron en la vorágine de la ambición y se juntaron con la corrupción que ha afectado a no pocas entidades encargadas de prestar el servicio de salud. A través de la historia reciente se han conocido escándalos frecuentes sobre los pagos realizados por el sistema de salud de medicamentos con precios que se salen de cualquier consideración. Y se ha develado también la en ocasiones diferencia sideral que un ciudadano debe pagar por una droga que necesita para su supervivencia, comparado con el precio que ella tiene en países vecinos.
Por ello, esa intervención ha sido bien recibida por un país donde se reconoce la libertad de comercio, resistiendo las amenazas de los especuladores y superando innumerables demandas a nivel nacional e internacional. Es lo que ahora volverá a ocurrir con motivo de la decisión del Gobierno Nacional de bajar hasta en un 80% los precios a 770 medicinas esenciales para tratar enfermedades que afectan la calidad de vida y la supervivencia de millones de colombianos.
Con esa determinación se llega a una cifra aproximada de tres mil medicamentos en idénticas condiciones, lo cual le ahorra al sistema de salud del país y al bolsillo de los colombianos más de 1,3 billones de pesos cada año. Es un monto relevante que demuestra la dimensión del daño que se ha ocasionado por quienes pretenden imponer su ley abusando de las necesidades de los pacientes, de la protección que Colombia ofrece a la propiedad intelectual, o, simplemente, de la facultad de influir para imponer el ánimo de lucro por encima del bien común.
Lo más interesante de todo lo que el Estado colombiano ha hecho hasta ahora con su capacidad de regular los medicamentos es que éstos no escasean, ni se presentan las distorsiones propias de la aplicación de principios totalitarios que persiguen la libre empresa. Por el contrario, con ello se genera la tranquilidad de saber que se puede actuar con transparencia y eficacia para defender el interés público sin causar daño a quienes respetan las reglas del juego limpio.