Contraloría realizó seguimiento a obras de infraestructura educativa
POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA
La Contraloría General de la República en el marco de la estrategia “Compromiso Colombia”, realizó la segunda mesa de trabajos y seguimientos a 26 obras de infraestructuras educativas adelantadas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie) en la región Caribe que han presentado retrasos en su ejecución.
Dentro de los proyectos se encontró los colegios de Valledupar Luis Rodríguez Valera y Patillal, ubicado en el corregimiento del mismo nombre, presentan avances importantes.
Igualmente La Normal Superior y El Carmelo de San Juan del Cesar; en Albania el Centro EtnoeducativoWareWaren; Fonseca, Ernesto Parodi Medina, y en Riohacha Familia de Nazaret.
“Las obras educativas que se desarrollan en la región Caribe por $171.120 millones deberían beneficiar 23.359 estudiantes. Acompañaremos a la ciudadanía en el seguimiento que se realizará a los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones el pasado 31 de julio de 2019”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadano, Luis Carlos Pineda.
La Contraloría General, tiene como propósito servir de mecanismo de facilitación de acciones entre las entidades públicas, los contratistas, y la ciudadanía organizada, que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés regional, nacional o local, para generar acuerdos que permitan sacarlos adelante.
En la estrategia se han priorizado 231 instituciones en todo el país, para las cuales en el año 2019 se realizaron 8 mesas de trabajo y para el caso de las instituciones del Caribe, 12 compromisos suscritos serán objeto de la revisión y seguimiento.
A la mesa de trabajo, que se adelantó en la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, se convocó a: las Alcaldías de Barranquilla, Cartagena, San Juan del Cesar, Valledupar, Albania, Fonseca, Lorica, Montería, Riohacha, San Andrés, Santa Lucía y Sincelejo, el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, contratistas, curadurías, empresas de servicios públicas regionales y municipales, veedurías ciudadanas y comunidades educativas.