Desalojo:  el ‘fantasma’ que asusta a más de 30.000 personas

POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA

A los habitantes de Guasimales, Brisas de la Popa, Bello Horizonte Dos y Altos de Pimienta, les volvió el alma al cuerpo al conocer el anuncio de la Administración Municipal de prorrogar el desalojo programado de las invasiones cumpliendo a la sentencia T-946 de la Corte Constitucional.

Las calles parecen tranquilas y la comunidad volvió a respirar, aunque muchos continúan precavidos frente a cualquier ‘visita sorpresa’ del Escuadrón Móvil Antidisturbios, a quienes se les da la potestad de estos encargos.

El proceso ordenado por la resolución2841 para el 4 de febrero, firmada por el exalcalde Augusto Daniel Ramírez el 27 de diciembre del 2019 tendrá que esperar tres meses; sin embargo, algunos exclaman que se mantiene la ‘puerta abierta’ para las zozobras constantes que viven las comunidades asentadas por más de unos 12 años.

El miedo envuelve a los ciudadanos, pues reclamar por el derecho a la vida y vivienda digna les ha desatado amenazas a varios voceros, quienes han solicitado a DIARIO DEL CESAR no revelar sus nombres por temor a represalias.

Durante  un recorrido, se conoció que son más de 8.000 familias las que serían desalojadas de 88 hectáreas pertenecientes al mayor Alberto Pimienta; serían en total más de 30.000 personas entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Dentro de este grupo de ciudadanos  se destaca una habitante de 46 años que aún llora pues, para ella, no hay solución de raíz al desalojo. Desde que se conoció la autorización ha dejado de trabajar y de dedicarse a la venta de ganchos y medias en las calles vallenatas.

Sobrevive por la caridad y de lo poco que consigue, mientras también batalla con problemas de tiroides,  cáncer de primer nivel en garganta y un nódulo cancerígeno en el mismo lugar.  Obesidad mórbida en primer grado, una hernia de estómago y dos tornillos en la rodilla izquierda.

Esta madre cabeza de hogar,  vive junto a su mamá de 86 años-quien padece de cáncer de seno- e hijos, dentro de una humilde casa levantada a punta de tablas, carpas y plástico.

“Nosotros no hemos dormido bien hace unos 20 días, los ancianos se están enfermando.  Tenemos miedo de perder todo y de vivir represalias contra nosotros”, comentó.

Aunque varias personas le han manifestado que baje la guardia en los reclamos, sigue con la ‘camiseta’ puesta reclamando por el bienestar de quienes llegaron a este punto huyendo de los pesares de la ciudad.

DE CASAS DE CARTÓN A MATERIALIZAR SU CASA

Por 90 días la orden de desalojo perderá fuerzas, y en dicho tiempo, según se explicó la Secretaría de Gobierno Local en una sesión del Concejo Municipal, conformarán mesas de trabajos que busquen estrategias de viviendas junto al Gobierno Nacional.

Mientras esto sucede, quienes residen en estas zonas narran sus historias y explican por qué les cuesta tanto abandonar lo que poco a poco han construido.

Describieron el panorama: los predios, al parecer, se encontraban en estado baldío, llenos de monte, como si se tratara de un basurero improvisado entierras olvidadas.  No contaban con cerramiento, seguridad, ni vigilancia.

Ante las precariedades, inicialmente 1.000 personas comenzaron a conformar cambuches que los resguardaran del sol y agua que trae el día a día, pues un arriendo era – y sigue siendo – un presupuesto inalcanzable para sus bolsillos.

Poco a poco la suciedad iba desapareciendo para darle vida a casas improvisadas de barros, tablas y zinc.  No garantizaban estabilidad alguna, solo una migaja de tranquilidad en las noches.

Con los años, al ver que no eran desalojados, y sintiéndose propietarios y con la disposición de pagar por el predio obtenido ilegalmente; construyeron casas de concreto y material.  Algunas de dos pisos.  El terreno iba tomando forma de barrio pese a su carácter subnormal.

“Nosotros comenzamos a organizar este desorden. Construimos calles, hicimos censos, todo para que notaran la voluntad que tenemos de contribuir positivamente a Valledupar.  Así se han conformado tiendas, ferreterías, comercios; colegios, comedores y CDI.  Es como si fuera un pueblo”, comentó una vocera.

Resalta lo “difícil” que sería volver a comenzar.  Igualmente recordó que el lugar para su reubicación no sería ni el 10% de quienes saldrían afectados.  Tan solo en Altos de Pimienta hay unos 2.500 niños, más de 3.000 adolescentes; igualmente un mayor número de adultos sobre todo de la tercera edad.

La reubicación sería en la Urbanización El Porvenir, tiene un adelanto del 94% y solo servirá para albergar 802 familias según confirmó Fonvisocial. Para muchos, el no haber ‘cama para tanta gente’ podría generar un hacinamiento.

Dicen que esperan la visita del fondo de vivienda, pues habrían escogido las familias – víctimas de violencia y desplazamiento – bajo el último censo realizado en el 2011 y que arrojó unas 1.300 familias.  La cifra hoy estaría triplicada.

 ‘ESTAMOS PREPARANDO ACTUACIONES LEGALES’

Evaristo Rodríguez, abogado del mayor Alberto Pimienta, dueño legal de los predios donde yacen las invasiones, explicó que la decisión del alcalde Mello Castro González, en prorrogar la sentencia, obedece a las promesas hechas en campaña y que consistían en legalizar los terrenos.

Por tal motivo, la califica como una “maniobra”, pues en los tres meses, acota el licenciado, se adelantarían todas las actuaciones desde la Administración Pública para materializar las titulaciones de invasiones.  Acusó igualmente al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien también habría firmado los pactos con el fin de asegurar votos durante sus campañas electorales.

Sostiene que los dirigentes municipal y departamental no tendrían la más “mínima intención” de cumplir con lo que obliga la Corte Constitucional que traduce el hecho como una “dádiva corruptora a favor del oficial Pimienta”.

“Estamos preparando actuaciones legales para impedir se materialice el hecho corrupto como lo llamó Corte Suprema y Sala Penal.  La excusa que utilizó es que las viviendas de El Porvenir no tendrían servicios y es mentira, las 10 familias reubicadas gozan de luz, alcantarillado y vías pavimentadas”.

Sobre una posible venta al municipio, recordó que Valledupar se encuentra en Ley 550 ‘Ley de quiebra’ con una suma aproximada a los $120.000 millones, y según el avalúo entregado por Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los predios alcanzarían los $200.000 millones, lo que traduce que la administración no tendría recursos para hacer la adquisición.

Y agregó: “Existen soluciones viables más económicas como la planteada en el juzgado de tutela, entregar lotes con servicios públicos y pavimentación a través de proyectos de regalías como la alcanzada en El Porvenir que costó será de $30.000 millones”.

GOBIERNO MUNICIPAL

Finalmente el secretario de Gobierno Local, Luis Galvis Núñez, explicó que, la modificación al desalojo se hizo teniendo en cuenta que el proyecto El Porvenir aún no se ha socializado con recursos técnicos ni contaría con las condiciones habitacionales.

Por eso durante los tres meses se trabajará en gestiones departamentales y nacionales con el Ministerio de Vivienda, para superar las metas de una casa digna. Aunque tiene claro que no será la solución, buscarán estudiar otros caminos.

“Queremos salvaguardar los derechos de las comunidades que en este momento se benefician del fallo así como el derecho fundamental del bien privado”.