Todo el peso de la ley contra los vándalos

Ahora resulta que las autoridades y la sociedad salimos a deberle a los vándalos y criminales, encapuchados delincuentes que se meten en las marchas de estudiantes y trabajadores a causar toda clase de hecho delictivos, como atentar contra la vida de nuestros valientes policías y miembros de la fuerza pública, lo mismo que a destrozar lo que con tanto esfuerzo han conseguido los comerciantes y empresarios.

Estos criminales que se encapuchan para cometer sus delitos debe caerle todo el peso de la ley. Y la Fuerza pública debe emplear contra ellos toda la logística de la que se disponga para reprimirlos, y es del caso un policía ve en peligro su vida, el Estado lo ha provisto de herramientas para que las utilice y salvaguarde su integridad física y la de los asociados.

El país ya no debe andar con tantas vueltas de cómo combatir a los criminales encapuchados. A esos delincuentes hay que combatirlos y punto. No podemos permitir que estas hordas de criminales sigan desestabilizando a la Nación, atentando contra las instituciones y poniendo en peligro la vida de miles de comerciantes que de la noche a la mañana ven como tantos años de esfuerzo y sacrificio se desvanecen por la arremetida irracional de estos bandidos. Los comerciantes deben aprovisionarse de las herramientas necesarias para defender su vida y sus negocios. La Constitución y la Ley los protege.

Ahora bien. Los que convocan las marchas no pueden salir a lavarse las manos sobre las consecuencias que las mismas están teniendo. O controlan a sus infiltrados, o es el momento en que el Gobierno piense más en los altos intereses del país y de la sociedad frente a las revueltas y las peticiones de unos pocos.

Nadie les impide que marchen y hagan cuanto cacerolazos quieran. Pero eso sí, dentro del respeto y sin violar los derechos de los demás. Aquí se  viene abusando de la llamada protesta social, la libertad de manifestación y expresión, así como de los límites que, como todo derecho, no pueden rebasar, pues de lo contrario pasan a vulnerar los bienes y derechos de los demás.

El ejercicio de esos derechos ampara, y anima, la propuesta de ideas, de libre discusión, de participación en la vida política, en el mejoramiento de la democracia y su sistema institucional. Requiere argumentación, respeto mutuo y espíritu constructivo. Y pone a prueba la capacidad de escucha de los sectores sociales entre sí. Hay que escuchar. No se exige aceptar sin más, pero sí atender lo que de razonable y procedente tienen las diversas posturas de quienes expresan inconformidad.

Con nada de esto casa el vandalismo. No hay que asimilar marchas y manifestaciones con esta adulteración de la protesta, pero tampoco tomarla como un hecho aislado cuando es tan recurrente que daña cualquier intención de convivencia.

Los objetivos de los vándalos, de quienes los dirigen y planifican su acción saboteadora, son bien distintos a los de mejorar la vida democrática de la sociedad. Buscan atemorizar, en muchas ocasiones aterrorizar. Agreden, dañan, afectan los derechos de miles de personas. Irrespetan las opciones legítimas de los demás ciudadanos de participar en las marchas, o de no hacerlo.

La destrucción de bienes públicos y privados no se reduce a una simple afectación de cosas materiales o ensuciamiento de fachadas. Es un ataque a bienes que materializan equidad, que son de uso público, concebidos para la vida comunitaria por la modernidad, que ofrecen oportunidades y desarrollo. En las grandes ciudades se ha vuelto habitual el ataque sistemático a los medios públicos de transporte masivo: dañar a quienes más se pueda, así en su gran mayoría sean aquellos mismos a quienes se dice representar.

La sociedad entera reclama del Estado mayor acción y con contundencia contra los encapuchados criminales.