Alcaldía desalojará a más de 22 mil personas de 4 invasiones

POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA

El municipio de Valledupar cumpliendo la sentencia T-946 de la Corte Constitucional, antes de irse el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía el pasado 27 de diciembre autorizó el desalojo de cuatro invasiones  de Valledupar, autoridades locales (Bomberos) y Fuerza Pública (Ejército y Policía) tienen previsto el procedimiento este 4 de febrero.

Como manifiesta una sentencia de la Corte Constitucional, las zonas afectadas con esta decisión serían: Los Guasimales, Brisas de la Popa, Altos de Pimienta y Bello Horizonte Dos; dejando más de 22.000 familias “en la mendicidad”, según palabras de Carolina Vásquez, habitante de uno de los sectores.

La líder social detalló que por cada barrio subnormal se albergarían 7.000 viviendas con familias entre cinco y ocho personas.  Esta sería la población – niños, mujeres embarazadas, tercera edad, discapacidad y otros- afectada al adelantarse el desalojo.  Vásquez también explicó que de los 11 años residiendo en el lugar, ningún alcalde se ha apersonado en buscar solución al tema.

También desmintió lo que dice la defensa del Mayor Alberto Pimienta Cotes, propietario de los terrenos, quien asegura que solo estarían viviendo unas 2.000 personas.  “Siempre que hay cambio de mandato solo vienen a usarnos para votos, pero ninguno se apersona de la problemática.  Seguiremos luchando porque no son todas casas son de cartón, son nuestros hogares”.

Aunque han insistido en dialogar con la nueva Administración Municipal a cargo de Mello Castro y, Departamental a cargo de Luis Alberto Monsalvo, hasta el momento ninguna de las autoridades acepta la invitación, retrasando y agravando la autorización ya firmada.“Queremos solución, queremos que nos escuchen, queremos seguir viviendo dignamente”, son las arengas que expresan los habitantes quienes se han tomado el megacolegio de La Nevada, en forma de protesta, clamando por la atención gubernamental a la que insisten, tienen derecho.

GOBIERNOS

DIARIO DEL CESAR fue insistente en comunicarse con el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis Núñez para conocer cuáles son las actuaciones que hará este nuevo mandato municipal sobre el tema, sin embargo y pese a las reiterativas llamadas, no atendió el mensaje.

Igualmente, teniendo en cuenta el afán de la comunidad en sentarse con Gobierno Departamental, el medio también quiso buscar la postura de Eduardo Campo, líder de la cartera, pese a que no tenga injerencia en la situación. No obstante, aseguró no tener conocimiento del tema: “No me ha llegado peticiones, ni se ha acercado ninguna persona”.

LA DEFENSA

A través de un medio local, Evaristo Rodríguez, apoderado del Mayor (r) Alberto Pimienta, explicó la orden de desalojo expedida por la alcaldía para desocupar los barrios de invasión Altos de Pimienta, Brisas de la Popa, Guasimales y Bello Horizonte.

Informó que el Mello Castro a través de la gerencia de Fonvisocial, habría visitado la urbanización El Porvenir pidiendo a las familias reubicadas que se devolvieran a los barrios de invasión, con el argumento de un nuevo mandato, siendo esto, para Rodríguez, una violación a las normas de la Constitución y la Ley.

Pues lo correcto sería cumplir con la sentencia  T-946 de 2011 y la resolución 2841 del 27 de diciembre del 2019 que ordena adelantar el desalojo del bien invadido.

“Los terrenos invadidos son 88 hectáreas, avaluados por el IGAC en más de 250.000 millones de pesos. Si el municipio no devuelve los predios a su propietario se expone a una demanda multimillonaria que afectará las finanzas del territorio.”.

Incluso, Evaristo Rodríguez sostuvo que Castro González habría realizado proselitismo político en barrios de invasión afirmando su legalización.  También se cuestionó si con este actuar, el mandatario busca  seguir la misma suerte del gobernador del Cesar, hoy procesado por la Corte Suprema de Justicia.

OPINIÓN DE LOS AFECTADOS

El medio impreso también encontró dentro de las posturas, que la comunidad afectada busca negociar las tierras ya que nunca se han negado a eso.

Madre comunitaria: “Atiendo 12 familias, estamos desde el 2011 en este sector.  Si el dueño de las tierras donde es hoy Brisas de la Popa no hubiese querido invasión ya nos hubiese sacado.  ¿Por qué ahora?”

Yorlis Martínez, habitante de Alto de Pimienta, dijo que: “Queremos solución, hemos trabajado muchos años para construir lo poquito que tenemos.  Hoy nos quieren abofetear quitándonos todo”.

Consuelo Blanco: “las autoridades locales tiene que sentarse con nosotros, que nos digan qué viene porque ni eso nos plantean; esto va aumentar la mendicidad y ya no vamos a vivir sino a sobrevivir.  Ya estamos en zozobra porque no podemos tener una vivienda digna”.