¿Qué pasa en la Corte Suprema de Justicia?
Esa es la pregunta que nos formulamos millones de colombianos frente al deplorable, decepcionante y detestable espectáculo que nos brinda la Honorable Corte Suprema de Justicia, que por cuenta de los intereses politiquero derivados de las facultades electoreras de las que la dotó el Constituyente del 91, sucumbe en el maloliente ambiente de las cuotas burocráticas frente a cuya ambición no muy disimulada de muchos magistrados, han dejado ver el meollo de la crisis institucional de esa ata corporación de justicia.
El mensaje que le está enviando la Corte al país es nefasto. Esta semana tampoco pudo elegir al fiscal general de la Nación, porque ninguno de los candidatos de la terna logró unanimidad entre los 16 magistrados que actualmente tiene la corporación. Esta situación ha generado mucha preocupación entre varios sectores políticos del país, que advierten que se deben buscar salidas a esta crisis interna que está enfrentando ese tribunal. Si antes de que termine el mes de febrero no se elige al fiscal, ni se nombran los magistrados restantes, la Corte podría entrar en un bloqueo institucional y quedaría maniatada para poder tomar decisiones trascendentales.
Desde distintos sectores se le ha hecho un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que dejen de lado los intereses políticos y destraben de una vez por todas el nombramiento de un fiscal en propiedad.
Las fisuras comenzaron a asomar desde el 11 de diciembre de 2018, cuando el Consejo Superior de la Judicatura publicó cuatro listas de aspirantes a ocupar igual número de vacantes en el tribunal de cierre. Los meses pasaron, otros magistrados dejaron la corte, y la falta de consensos llevó a que de los 23 magistrados reglamentarios quedaran solo 16. Esta cifra constituye a su vez la mínima votación exigida para tomar decisiones cruciales, como reemplazar a los siete magistrados que faltan o elegir a un fiscal general en propiedad. Con una arista adicional: el 28 de febrero saldrá de la corte por periodo cumplido el magistrado Ariel Salazar, lo que significa que el tribunal se quedará sin quórum y perderá la posibilidad de recuperarse mediante las reglas institucionales conocidas.
La explicación al prolongado bloqueo interno de la corte es conocida. A quienes aspiran a conseguir consensos se les atraviesan los que prefieren mantener el control de las mayorías en la corporación o van tras la torta burocrática. Por todo eso, la coyuntura de la elección del próximo fiscal, que controla 22.000 cargos, añade fuego a la dramática situación.
Históricamente, la corte ha sorteado la situación mediante acuerdos previos entre las salas (Civil, Laboral y Penal) para presentar a sus candidatos de preferencia que los demás respalden. Pero, este año, todos los intentos han sido torpedeados con votaciones en blanco. En la Sala Penal han llegado a hablar hasta de traición, pues hay un puñado de candidatos que alcanzan votos en Sala Plena (hasta siete) sin que nadie asuma de frente su respaldo.
Este tribunal edificó su confianza a lo largo de muchos años, a partir de sentencias que cambiaron el rumbo del país: sus magistrados castigaron el proceso 8.000, desmantelaron la parapolítica y la yidispolítica. El Palacio de Justicia desapareció por las posturas inamovibles de los magistrados frente a la extradición de capos de la mafia; en sus peores enfrentamientos con el Gobierno, a la imponente sala plena donde sesionan le fueron instalados micrófonos para chuzar sus deliberaciones. Esta entidad se ganó a pulso su independencia pero está a punto de perderla por la incapacidad de sus actuales integrantes.
Pero más allá de que los señores magistrados reflexionen, lo que el país debe abocar de una vez por todas es sacar adelante la gran reforma a la justicia. A partir de allí es que podríamos pensar en enderezar lo que está torcido. Esa reforma que la han saboteado desde las altas cortes pasando por el Gobierno y el propio Congreso, no da espera. El país la reclama, pero sobre todo son las propias instituciones a las que más le conviene. Hallar mecanismos como para impedir el triste espectáculo que hoy se observa en la Corte Suprema, es uno de los principales objetivos que la reforma debe contener. Ojalá y este Gobierno se interese por sacarla adelante.