Todos en la cama, o todos en el suelo

El Estado, particularmente este Gobierno dio muestras en el caso de la plataforma Uber, que la Ley es para cumplirla. Así no importe si se lleva por delante la modernidad, el avance tecnológico con la que se desempeña hoy la sociedad, ni los recursos que hace y mejoran la calidad de vida de los asociados.

Dura lex, sed lex es un principio general del derecho, proveniente del derecho romano, que en lenguaje sencillo traduce: la ley es dura, pero es ley´ y la aplicación de las leyes es obligatoria y debe producirse contra todo, no sabemos hasta donde llegó el cálculo político o negociado del Gobierno Duque con los taxistas en un momento crucial del país cuando se encontraba en su mejor momento y en pleno apogeo el paro nacional, para acelerar y ratificar las decisiones contra la famosa plataforma que tiene entre sus múltiples negocios el de la movilidad prestada por un particular hacia otro particular.

Una de las principales funciones del Estado es, sin duda, la de viabilizar la solución a problemáticas endémicas de la ciudadanía. Sin embargo, hay muchos flagelos que, parafraseando al actual Presidente de la República, se dejaron “envejecer mal” porque la institucionalidad no los enfrentó de forma definitiva y eficaz.

Y una de esas modalidades es el llamado y viejísimo sistema conocido como el mototaxistmo. Una peligrosa transportación de pasajeros que no aparece reglada, como Uber, por ningún lado, pero que frente a quienes la ejercen hemos tenidos los gobiernos sordos, ciegos y mudos que todos queramos. Sencillamente proceder contra el mototaxismo como se hizo con Uber, representa un enorme costo político por la legalidad que tanto se pregona, que nos gustaría ver si se da la pela por ella.

Todo el conglomerado del transporte público en Colombia, llámese transporte de pasajeros en buses o busetas, o el de taxis, saben, conocen y padecen la perdida de una importante tajada del mercado que ha sido absorbido el mototaxismo. Por ejemplo, en ciudades como Valledupar, como capital, sin contar las intermedas, pese a la implementación de medidas como el no parrillero hombre, el pico y placa, y otras normas menos eficaces, los mismos transportadores reconocen que hoy la balanza está en un 40% y 60% respectiamente; es decir, el mototaxismo movilizando el 40 por ciento de los usuarios y la modalidad formal el 60 por ciento. Y hasta hace poco esa  misma balanza era por igual. De tal manera que a los transportadores les hace falta sindéresis para también atacar la informalidad que llaman tan peligrosa como el Uber, pero en ese propósito han sido como lo gobierno de turno: ciegos, sordos y mudos.

Más allá de lo que finalmente termine ocurriendo con Uber, lo que vemos es que las distintas decisiones del Ministerio del Transporte y de la Superintendencia del ramo, prohibiendo el funcionamiento de dichas aplicaciones y tomando una serie de medidas sancionatorias al respecto, no han frenado su uso por parte de la ciudadanía. Por el contrario, lo que se está viendo es que en algunas ciudades y municipios se está tratando de replicar a pequeña escala el fenómeno, aunque en una forma más rudimentaria. Por ejemplo, grupos de conductores de vehículos particulares crean una cuenta en WhatsApp u otra red social a la que invitan a vecinos y conocidos con el fin de que cuando requieran transporte simplemente publiquen un mensaje allí y en cuestión de minutos serán atendidos. Así las cosas, ya no solo es el problema con las grandes plataformas multinacionales o nacionales, sino que ahora se está atomizando peligrosamente. Y no nos llamemos a engaños, por igual y desde hace rato viene funcionando el mototaxismo. Muchos de quienes ejercen ese oficio suministran su celular a los clientes y estos con un mensaje de texto tiene el servicio al instante, o sea el Uber ´criollo´,  ´montañero´, ´corroncho´,  o como se le llamen, pero el mototaxismo también utiliza una plataforma tecnológica para ofrecerse y prestar el servicio sin lo rimbombante de Uber, ni sus sofisticados sistemas de pago y ubicación. Hoy la realidad es que los mototaxistas ya no necesitan circular por las calles o parquearse en determinado lugar para conseguir clientes, sino que trabajan a punta de llamadas de teléfono celular o mensajes en las redes sociales. Esto dificulta aún más que las autoridades de tránsito locales puedan detectar a quienes prestan este servicio ilegal de transporte público sin estar autorizados para ello ni contar con las pólizas de seguro o cumplir los demás requisitos exigidos para la protección de conductores, pasajeros y terceros en caso de un accidente vial.

Por muchos años desde alcaldías se insistió a los gobiernos nacionales que abordaran de forma definitiva el problema del mototaxismo. Pero la única respuesta fue la prohibición total de esta actividad, lo que, sin embargo, no frenó su crecimiento. Por el contrario, hoy en muchos municipios, veredas y corregimientos es el servicio más utilizado por los pobladores, es el transporte legal de pasajeros y corresponde mas bien a esa ineficiencia institucional, a esa incapacidad del Estado para dar soluciones a los problema estructurales con los que se desenvuelve la sociedad a diario.

Si en Uber se perjudican 90 mil conductores, hoy en día más de un millón de personas, entre conductores y sus familias, cuya sobrevivencia diaria depende de los ingresos derivados del mototaxismo. Es más, no pocos mandatarios locales admiten que si bien tienen la facultad legal para ordenar a la Policía decomisar las motocicletas y pedir a la Fiscalía que procese penalmente a estos infractores, a la hora de la verdad se abstienen de hacerlo porque no quieren exponerse a posibles asonadas de los habitantes, muchos de los cuales defienden este transporte informal por ser, de un lado, la única alternativa de empleo para muchas personas y, de otro, la única forma de movilizarse en zonas en que las empresas formales no prestan servicio o lo hacen deficientemente.

Como se ve el problema reciente de las plataformas tecnológicas tipo Uber y el más antiguo del mototaxismo, tienen, en el fondo, una causa similar: la incapacidad del Estado para hacer cumplir de manera efectiva y definitiva la prohibición de su funcionamiento. Moraleja: todos en la cama o todos en el suelo.