Seguridad ciudadana, reto de 2020
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que fue presentada por el presidente Iván Duque, define cambios drásticos en el modelo de vigilancia de la Policía en las calles, demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades, prioriza el desarme general de la ciudadanía y pone a la salud mental como un factor importante para la prevención.
Fortalecer los resultados frente al hurto en las ciudades, defender líderes sociales y comunidades indígenas, robustecer la capacidad de la Fuerza Pública, profundizar la lucha contra el narcotráfico, golpear al Eln y las disidencias son algunos de los retos en materia de seguridad que enfrentará el Gobierno nacional durante 2020.
Esta semana durante la ceremonia de reconocimiento de tropas al mayor general Eduardo Zapateiro, como comandante del Ejército Nacional, el presidente Iván Duque afirmó que 2020 debe ser el año de la “mayor consolidación de la seguridad” en los territorios de Colombia.
“El año tendrá que ser el año de la mayor consolidación de la seguridad en el territorio”, afirmó el Jefe de Estado, quien agregó que el año 2020 “es de esperanza para todos los colombianos, porque la seguridad es un valor democrático, la seguridad es un bien público. Y por eso, tenemos que todos los días, buscar mejores cifras, mejores indicadores”.
Fortalecer los resultados contra el hurto es una de las tareas más importantes a las que se comprometió el ministro Carlos Holmes Trujillo tras su posesión. “En estos 15 meses se ha demostrado una reducción de todos los delitos excepto el hurto. Esos resultados van bien, pero tenemos que buscar más. Necesitamos reducir los delitos, en especial el hurto, el homicidio y la extorsión”, dijo. En ese sentido el presidente Duque sostuvo que el delito de hurto a personas “ha subido debido a que nosotros tomamos la decisión de sincerar las cifras, había un subregistro. Al implementar la denuncia electrónica y facilitar que los ciudadanos a través de medios móviles puedan presentar una denuncia, ha permitido superar esa situación, antes no todas las personas denunciaban por los trámites engorrosos. Una de las tareas del señor Ministro con todos los miembros de la Policía es reducir esas tendencias y tenemos el compromiso y las capacidades para hacerlo. Esperamos tener una reducción en el número de homicidios para que sea la más baja desde 1985”.
Otro de los retos más apremiantes es evitar la muerte de líderes sociales. Según cifras del Defensor del Pueblo entregadas en julio en Colombia hay por lo menos 983 líderes sociales bajo amenaza de muerte. Según el Ministerio de Defensa una de las estrategias es “elevar el costo a los cabecillas de organizaciones criminales que amenazan y atacan a líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que contribuye a garantizar su protección efectiva”.
Fortalecer el combate al Eln y a las disidencias de las Farc es una más de las tareas. El Comandante de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro, afirmó que el Eln tiene 44% de sus miembros en los estados venezolanos de Barinas, Táchira y Apure. “Encontramos más de 1.000 hombres del Eln que permanecen en esos estados fronterizos de tiempo completo porque el régimen de Nicolás Maduro no los combate”, dijo en una entrevista registrada por la agencia Anadolu. El reto del gobierno es continuar asestando golpes contra esa estructura.
Otra de las preocupaciones en materia de seguridad para el Estado es el resurgimiento de la extinta guerrilla de las Farc, varios grupos disidentes de quienes dejaron las armas tras el acuerdo de paz con el Gobierno, siguen delinquiendo en los territorios que antes ocupaba la guerrilla. Además, las llamadas disidencias, según lo ha denunciado el mismo gobierno, operarían más allá de las fronteras colombianas, lo que genera un gran problema para su control.
Golpear a objetivos de alto valor luce como otra de los retos. El Ministerio de Defensa tiene entre estos a varios jefes militares de la extinta guerrilla de las Farc y por supuesto a varios líderes de lo que el Gobierno considera Grupos Armados Organizados (GAO). El nuevo Ministro tendrá que golpear a los cabecillas entre los que figuran alias ‘Otoniel’, conocido como Dairo Antonio Úsuga, quien comanda el grupo ‘Los Urabeños’; ‘Iván Márquez’, quien supuestamente lidera el grupo de las disidencias de las Farc; en la lista también está ‘Jesús Santrich’, quien se fugó del proceso de paz. Allí también son considerados objetivos de alto valor ‘Gentil Duarte’, ‘Iván Mordisco’, ‘John 40’ y ‘Cabuyo’. Por el lado del Eln, el Gobierno ofrece una recompensa por todos los integrantes del Comando Central (COCE) cuya gran mayoría se presume en Cuba, sin embargo, habría otros comandantes de esta guerrilla en el territorio nacional. Por último figura alias ‘Caín’, líder de ‘Los Caparrapos’.
En relación con el narcotráfico, el Gobierno ha insistido en que este es la gasolina del conflicto en Colombia por lo que se debe erradicar la siembra y resiembra de hoja de coca. De acuerdo con el último reporte la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia logró en 2018, reducir por primera vez en cuatro años los cultivos de uso ilícito, pasando de tener 171.000 hectáreas en 2017 a 169.000 el año siguiente. Sin embargo, de acuerdo con el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el porcentaje de resiembra en los casos de erradicación forzada estaría entre 50% y 67%. Es decir, por cada 1.000 hectáreas erradicadas de manera forzosa, entre 500 y 670 hectáreas estarían siendo sembradas nuevamente.
El ministro Trujillo sostuvo tras su designación que durante su gestión profundizará la lucha contra este flagelo: “Esa es la principal razón de la violencia en Colombia, vamos a seguir avanzando en la erradicación manual de cultivos ilícitos. Continuaremos liderando la lucha contra las drogas trabajando con los países del hemisferio a través de operaciones como Orión y la articulación con las policías del continente”.
REVOLCÓN EN LA POLICIA
Con el fin de fortalecer la gestión integral de la convivencia y la seguridad ciudadana en Colombia, esta Política está compuesta por cinco ejes estratégicos: Cultura de Legalidad para los derechos y la paz; disrupción del delito; innovación, ciencia y tecnología; ciudadanía activa y la proyección institucional.
Entre los cinco ejes se destaca la Cultura de Legalidad, porque cumplir la ley es la base de la convivencia y de la democracia.
Además, resalta la disrupción del delito para romper las redes de valor de los negocios ilícitos, entre estos toda la cadena criminal del hurto.
Con respecto de disturbios en protestas, la Política habla de fortalecer la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, de multiplicar su número, mejorar la respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el marco jurídico de los derechos humanos, y como última alternativa.
En cuanto a la proyección institucional, determina la articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de las diferentes entidades del Estado en la realización de la Política Marco.
Es por eso que esta Política demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades en materia de Salud, Educación, Justicia, Cultura, Deporte, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como protección de la niñez, entre otros.
De esta manera, la Política Marco ordena un ‘revolcón’ en el antiguo Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y adopta un nuevo modelo que busca el control efectivo de los espacios.
El nuevo modelo señala que no basta la observación y la reacción en los cuadrantes, sino que se requiere saltar al control efectivo de los espacios, por lo que todo el servicio de policía debe responder por los resultados.
No obstante, la política flexibiliza la planeación de los turnos de vigilancia y asignación de las zonas, horarios y modalidades de los uniformados y promueve la iniciativa y el liderazgo del comandante de estación, para que, de acuerdo con las necesidades y el contexto, defina, ajuste o modifique el servicio de policía de vigilancia en su jurisdicción.
De igual manera, con el fin de terminar con las zonas de miedo en las ciudades y la impunidad, el nuevo modelo determina que se concentrarán todas las modalidades y especialidades de policía en los lugares más afectados por el delito. Para esto, se requiere de la implementación de tecnología, que incluye inteligencia artificial para análisis de datos y planeación del servicio de vigilancia, utilización de drones con plan de vuelo de policía y generalizar la grabación de los procedimientos de policía.
Con respecto a aumentar el control de las calles, se contempla un plan de reincorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años y será racionalizado el recurso humano de la Policía Nacional, de forma gradual y progresiva.
Para garantizar la racionalización se implementarán las tres medidas, con las cuales se espera que cerca de 12.000 uniformados más estén disponibles en las calles en tareas de vigilancia y control.
Entre las medidas están el retiro de la prestación del servicio de control de tránsito en las ciudades (cabe resaltar que la Policía de Carreteras de mantiene); el retiro de la función de la prestación de servicios de protección, y la salida de personal uniformado del servicio administrativo.
Para articular la ejecución de la Política, se crea el Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que está en cabeza del Presidente de la República. También está integrado por los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Educación, Salud, Cultura, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Deporte, así como la Consejería de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Entre tanto, el documento prioriza el desarme general de la ciudadanía, lo cual implica una persecución severa al porte y tenencia ilegal de armas, al igual que prioriza la protección de siete grupos poblacionales: los niños, niñas y adolescentes; mujeres, ante todas las expresiones de violencia; líderes sociales; personas en condición de discapacidad; garantía de derechos para la comunidad LGBTI; implementación de la ley del habitante de calle y medidas en contra de la xenofobia.
Por primera vez, una política de convivencia y seguridad ciudadana señala que el Gobierno Nacional reconoce los modelos de organización ciudadana que han desarrollado los pueblos indígenas para contribuir a su seguridad y convivencia, con las restricciones señaladas por la Corte Constitucional, que los excluye de actividades de inteligencia o de orden público.
Otros aspectos clave de esta política son la cultura de la Legalidad y valores democráticos se construyen en la familia, en el sistema educativo y en el conjunto de las relaciones sociales, orientadas a forjar los lazos de solidaridad, el respeto por las diferencias sociales y por la autoridad, así como por las normas que promueven la vida en armonía. De ahí la necesidad de consolidar familias fuertes y proteger los entornos.
Como novedad, se define que la salud mental es un factor importante en los comportamientos individuales y colectivos e inciden directamente en la convivencia y la seguridad ciudadana.
Finalmente, con el fin de contribuir a la tolerancia y a las buenas relaciones sociales, la estrategia considera indispensable promover políticas públicas en esta materia, y así superar las dificultades en la interacción que generan violencia, por la experiencia de eventos estresantes o traumáticos.