Diario del Cesar
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La justicia ronda a 4 alcaldes del Cesar

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Con la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar de condenar por cuarta vez a la exalcaldesa del municipio de Becerril, Yanci Bueno Contreras, ya son cuatro los exalcaldes que deben pagar una condena por delitos en contra de la administración pública en el departamento del Cesar.

La decisión que fue emitida el 3 de diciembre se dio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el convenio firmado entre la exalcaldesa y Luis Carlos Sandoval, representante legal de Asopluplátanos, en el año 2008, siendo esta condena la que llevó a Bueno a permanecer recluida por varios meses en el Centro De Rehabilitación Femenino El Buen Pastor, de la ciudad de Bogotá.

Bajo esta medida de aseguramiento carcelario la exmandataria de los becerrileros quedó embarazada situación que llevó al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento a suspender la medida intramural y otorgarle domiciliaria a Bueno Contreras.

No obstante, el juzgado señala esta tiene cinco procesos en el despacho, es decir, que pese a que esta condena ya fue cumplida por la alcaldesa se han emitido dos órdenes de captura en desarrollo a otros procesos.

Sin embargo, esta no es la única exmandataria que se encuentre vinculada a procesos penales, toda vez que el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández; el exburgomaestre de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, y el exregidor de Agustín Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, también han sido condenados por los diferentes juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar.

En el caso de Luis Fabián Fernández, alcalde de Valledupar en el periodo 2009 -2011, fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, por los delitos de peculado por apropiación, condena emitida el 15 de julio del 2018, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, radicada el 1 de febrero del 2019.

En estas lecturas de fallo Fernández fue condenado a  siete años y tres meses de prisión, la cual no ha pagado.

La primera condena del exburgomaestre se dio luego de que llegará a su segunda instancia y se negara el recurso de apelación a la que procedió la defensa del acusado. El fallo se estableció cuando se halló culpable a Fernández de utilizar los dineros destinados para la seguridad pública del municipio para pagar la nómina de tres meses de los empleados de la alcaldía, incluyendo el sueldo de él, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011.

El delito que generó la sentencia expuesta por Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar en contra Javier Landazábal Gómez, fue el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales. Esta decisión fue notificada por el togado quien manifestó que este deberá cumplir 64 meses de prisión, es  decir, cinco años y tres meses, por la celebración de algunos contratos a través de una vinculación de la administración pública con unas asociaciones sin ánimo de lucro, por los desmanes ocurridos por la ola invernal que dejó varios damnificados en el mes de octubre del 2014 en la localidad.

En la vista pública donde se emitió la sentencia de Landazabal, se conoció que la orden de captura ya había sido emanada contra el exmandatario del norte del Cesar, en el mes de junio, pero que no se había hecho efectiva por lo cual se reiteró nuevamente.

Sin embargo, frente al fallo condenatorio emitido la defensa apeló lo que generó que el caso liderado por la Fiscalía 5 Seccional siga abierto pero con la orden de captura vigente.

En esta misma situación se encuentra es el alcalde de los codacenses en el periodo2012- 2015, Efraín Quintero Mendoza, quien en fallo de segunda instancia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, le fue ordenada la medida intramural por las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar-PAE para el año 2015.

La decisión del togado obedeció luego de  la apelación de la Fiscalía Quinta Seccional, a cargo de las pesquisas. Frente a esta decisión, al exmandatario le ordenaron la expedición de una orden de captura, al igual que al secretario de educación municipal Raúl Casimiro Bermúdez, implicado en la investigación. A la contratista, Linda Xiomara Navarro Hernández, quien había sido cobijada como los demás exfuncionarios con la medida no privativa de la libertad, le dictaron detención domiciliaria. A los procesados les imputaron los delitos de peculado por apropiación, celebración sin el lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El caso por el que fueron procesados alude a la celebración de dos contratos celebrados entre la Alcaldía de Codazzi en el año 2015 con dos empresas privadas sin ánimo de lucro, con los con los que presuntamente, se buscaba darle cumplimiento al PAE tanto en la zona rural como la urbana de esa población.

ESTÁN EN PRISIÓN

Esta situación amarga no solo la están viviendo los exmandatarios, toda vez que tres alcaldes actuales del Cesar, se han sumado procesos judiciales e investigaciones por delitos contra la administración pública en la recta final en sus mandatos.

Entre ellos está el burgomaestre de los vallenatos, Augusto Daniel Ramírez Uhía,  quien permanece vinculado a la investigación que procede en su contra por presuntamente realizar actividades proselitistas en el 2011 cuando era candidato a la Alcaldía para el periodo 2012-2015. Este proceso se encuentra en la etapa de juicio.

A esta lista se suma Luis Vladimir ‘Luchito’ Peñaloza Fuentes, alcalde del municipio de Agustín Codazzi, a quien el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar le impuso medida aseguramiento en centro carcelario luego del acto de comunicación que realizó la Fiscalía 12 Seccional a través de la imputación de los delitos de concusión a título de dolo en calidad de coautor en concurso heterogéneo sucesivo de peculado por apropiación agravado, a los cuales el mandatario se declaró inocente.

La decisión que fue proferida por el togado está siendo estudiada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, quien indicará este 19 de diciembre si ratifica la medida o le otorga detención domiciliaria.

El que si permanecerá recluido en la cárcel Judicial de Valledupar es el alcalde de El Paso, Hidalfo De La Cruz Ortiz, por los delitos de e constreñimiento al sufragante  y corrupción al sufragante. Del mismo modo, su esposa, Neyruth Murgas Fuentes, quien según los elementos materiales probatorios de la Fiscalía 199 de Derechos Humanos también realizó constreñimiento al sufragante  y corrupción al sufragante.