Calixto López González, fue señalado por varios exintegrantes del extinto frente Juan Andrés Álvarez, del grupo desmovilizada de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como el presunto responsable de desaparición y muerte de siete investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en marzo de 2000.
El presunto cabecilla de la cuadrilla del extinto frente Juan Andrés Álvarez, de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, conocido como alias ‘El Cali’, ‘El Rey’ o ‘Chivita’ fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional en Córdoba.
A Calixto López González, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le emitió resolución de acusación luego de obtener testimonios y demás elementos probatorios que lo señalarían como la persona que presuntamente interceptó, amenazó y retuvo a los integrantes de la comisión judicial que cumplían una diligencia de exhumación en el corregimiento Minguillo, en zona rural de La Paz, norte del Cesar.
El ente acusador durante varios meses recopiló elementos materiales probatorios que demostrarían la estadía de alias ‘El Cali’, ‘El Rey’ o ‘Chivita’ en los predios de la hacienda Holanda, donde fueron vistos por última vez los investigadores y peritos quienes se encontraban cumpliendo unas diligencias judiciales, cuando, al parecer, 60 hombres armados se los llevaron en contra de su voluntad hacia un lugar desconocido.
Los funcionarios identificados como Carlos Augusto Ibarra Bernal, Danilo Javier Cabrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Arturo Linares Correa, Jaime Elías Barros Ovalle, Israel Roca Martínez y Mario Abel Anillo Rocha, según varios exintegrantes del entonces frente Juan Andrés Álvarez, han coincidido en señalar ante Justicia y Paz y otras instancias judiciales, que los investigadores fueron asesinados; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible la ubicación de los cuerpos.
En este sentido, López González permanecerá recluido en un centro carcelario mientras se inicia el juicio en su contra por presuntamente ser el responsable de la desaparición y muerte de siete investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en marzo de 2000, este se realizará de acuerdo con los parámetros fijados por la Ley 600 de 2000.